Recién anunció el Presidente la intención de firmar un decreto para regularizar los autos irregulares extranjeros, mejor conocidos como “autos chocolate”, lo que ha despertado muchas reacciones y amerita reflexionar, quienes saldrán beneficiados y afectados con esta medida. Por un lado, se vería golpeado el sector automotriz formal, pérdida de empleos, caída en la venta de vehículos nuevos, seminuevos, y comercio de autopartes. Estos vehículos están en pésimas condiciones, físicas y mecánicas, que son un desecho del mercado de Estados Unidos. Al poco tiempo presentan fallas, no se cuenta con refacciones, por lo que terminan abandonados y se venden como chatarra. Una mala condición también puede significar un riesgo en la seguridad de sus ocupantes, provocar un accidente e incluso se ha relacionado mucho los casos de inseguridad con vehículos de esa procedencia, ya que no pueden ser rastreados, y se presta para cometer en ellos ilícitos, al carecer de registro oficial y legal. Ya no digamos lo que contaminan, pues son vehículos antiguos más de 10 años que emiten altas concentraciones de gases. Hasta ahora, los que se han aprovechado, han sido estas organizaciones que expiden de forma “ilegal” permisos para circular, y que no se sabe quién los facultó para expedir permisos y además lucrar con eso. Yo pondría en duda si protegen realmente el patrimonio familiar, porque si nos ponemos a analizar, comprar un vehículo con estas características no es una buena idea. Si aquí en La Laguna se estima que 1 de cada 3 vehículos son irregulares, se pueden estimar casi $200 millones de pesos, que no se tiene certeza a donde van. Hay que usar la palabra “regularizar” en vez de “legalizar”, ya que no se debe legalizar lo ilegal, ni promover la evasión fiscal, ni dejar de pagar derechos vehiculares, pues estos vehículos, igual usan las calles, los señalamientos, los semáforos, como cualquier otro carro que si paga impuestos y derechos. Ciertamente de regularizarlos, traerá una recaudación a los estados, ya que expedirían placas, y pagos de derechos vehiculares, pero la solución no necesariamente es la regularización, sino la prohibición definitiva de importación de vehículos extranjeros, sabiendo que no sería una medida muy popular, pero que a la larga traerá beneficios.