Aunque la escuadra lagunera se mantiene con vida en la Leagues Cup, los escándalos extra cancha que rodean al club no se detienen. En los últimos días, el dueño de Santos Laguna, Alejandro Irarragorri Gutiérrez, fue citado a una audiencia a finales del mes de agosto. ¿Qué sucede y cómo puede afectar a Santos Laguna?
El dueño del Club de Futbol Santos Laguna, Alejandro Irarragorri, fue citado a una audiencia el próximo 28 de agosto por una posible defraudación fiscal de 17 millones de pesos en 2017. Según la carpeta de investigación, la Procuraduría Fiscal de la Federación denunció a Santos Laguna, a su presidente Alejandro Irarragorri y a José Alfredo Jiménez Tejada.
- También te puede interesar | Familiares confirman fallecimiento Jorge Rodríguez, campeón con Santos Laguna en el 96
¿Por qué Santos Laguna y Alejandro Irarragorri fueron acusados de Fraude Fiscal?
Según la Secretaría de Hacienda, los directivos maquinaron en 2017 una estrategia para no tener que pagar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) de 54 millones de pesos que fueron pagados a 26 jugadores e integrantes del cuerpo técnico, pero que fueron registrados como “primas indemnizatorias de riesgo de trabajo”, las cuales están exentas de ese impuesto.
El portal Reforma detalló en junio de 2023 que la Fiscalía General de la República ya llevaba a cabo una investigación sobre Iraragorri. La carpeta de investigación denunció a Santos Laguna, su presidente Alejandro Irarragorri y a José Alfredo Jiménez Tejada, vocal y apoderado general del Club.
Las “primas indemnizatorias de riesgo de trabajo” fueron destinadas para directivos como José Manuel “chepo” de la Torre y Benjamín Galindo; así como a jugadores como Néstor Araujo, Djaniny Tavares, Jonathan Rodríguez, Osvaldo Martínez Jonathan Orozco, Diego de Buen, Javier Abella, Julio César Furch, entre otros.
Será ese día que Alejandro Irarragorri tenga la opción de pedir que su situación jurídica se resuelva el mismo día. En caso de que se le vincule a proceso, podrá enfrentarlo en libertad provisional, ya que el delito no amerita prisión preventiva, salvo que la FGR alegue riesgo de que este pueda huir.
