El grupo de hackers Anonymous cuenta con presencia en nuestro país desde hace poco más de diez años y ha tenido varias intervenciones en sucesos de la opinión pública mexicana, los cuales han ido desde inmiscuirse contra gobiernos e incluso en contra de grupos criminales que han intentado hackearlos.
En 2011, Anonymous lanzó un comunicado a la población mexicana para que se uniera en contra de la corrupción. ¿Cómo? Atacando “sin contemplaciones a todos los organismos gubernamentales de México” —ya que por varios sexenios, los dirigentes se olvidaron del pueblo y pues los activistas se dieron cuenta de que la población estaba sola ante el gandallismo de sus políticos.
Fue en ese mismo año que los activistas cibernéticos decidieron lanzarse en contra de la organización criminal de Los Zetas, luego de que secuestraran a uno de sus miembros que residía en la ciudad de Veracruz, por lo que la organización de hackers amenazó con revelar nombres de sus integrantes, así como actos de corrupción de gobiernos, por lo que ante tal presión y luego de varios intentos del grupo criminal de contra atacarlos electrónicamente, decidieron soltar a hacker.
En 2012, el entonces funcionario Federico Döring, propuso una iniciativa de reforma para actualizar las leyes que regulan los derechos de autor en internet, concentrándose en combatir a la piratería, pero de inmediato Anonymous protestó por tal iniciativa. ¿La razón? Internet es un espacio libre y meterle mano sólo significa el principio de un dominio político.
Ese mismo año, el grupo de activistas decidió emprender ataque en contra de la Secretaría de Hacienda y del Trabajo, luego de que el gobierno de Felipe Calderón intentará realizar reformas en lo laboral, por lo que exhibieron el impacto que esta ley tendría.
Asimismo, se unieron al movimiento #YoSoy132 revelando nombres de socios y actos de corrupción de quien en ese entonces fuera exgobernador del Estado de México Enrique Peña Nieto e igualmente fueron los encargados de revelar nombres y ubicaciones de ‘Los porkys’, con el único fin de presionar a las autoridades para que los criminales recibieran castigos.