La reforma a la Ley de Hidrocarburos, aprobada por la Cámara de Diputados, ahuyentará la inversión privada, al generar incertidumbre entre las empresas del sector sobre las causas por las que la autoridad les pueda revocar un permiso o expropiar su infraestructura, coincidieron especialistas.
Ramses Pech, analista del ramo, consideró que si bien el espíritu de la reforma era adicionar candados para evitar el robo de combustible, pasó a condicionar las inversiones con riesgos que podrían cancelar y quitar activos a los privados.
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La reforma establece que la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía tienen la facultad de revocar y negar permisos para distribución, comercialización e importación de combustibles a privados, cuando encuentren una amenaza al sector.
“La pregunta será quién invertirá en el país si hay la posibilidad de que te puedan expropiar. Cómo una empresa puede justificar a inversionistas que su negocio se acabó de la noche a la mañana”, cuestionó el especialista.
Al respecto, Paul Alejandro Sánchez, analista del sector energético, consideró que la legislación, tal como se planteó, invita a la discrecionalidad, ya que el artículo 59 Bis señala que la autoridad puede suspender permisos cuando considere que hay un peligro inminente de seguridad nacional, energética o económica.
“Es complicado definir esto porque se basa en un hecho probabilístico, y no en un hecho. Acota la situación a tres ejes subjetivos que son difíciles de entender”.
Alejandro Montufar, CEO de PETROIntelligence, apuntó que el contenido de la iniciativa respecto a la suspensión por incumplimientos es incierto y le falta precisión, pues no quedan claros los supuestos de seguridad nacional o energética por las que el gobierno puede retirar permisos.
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