La reforma energética que impulsa el gobierno de Andrés Manuel López Obrador podría incrementar el costo de la electricidad hasta en un 31 por ciento, afectado a las armadoras establecidas en el país, estimó la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).
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En un posicionamiento, el organismo cúpula del sector señaló que la iniciativa en la que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) generará por los menos 54 por ciento de la energía resulta preocupante porque pudiera no haber financiamiento disponible, ni infraestructura y generación limpia que permitan atender el incremento en la demanda en el futuro cercano.
De acuerdo con la AMIA, mientras que en 2021 el precio promedio de la electricidad que vendía la CFE en Media Tensión estuvo en 1.22 pesos por Kilo Watt hora, los privados la ofrecieron un precio promedio de 0.42 pesos.
Además, dijo, esto podría tener un impacto negativo en la promoción de fuentes de generación de energías renovables y un incremento estimado en las emisiones de bióxido de carbono del 32 por ciento.
El organismo también alertó que eliminar los Certificados de Energías Limpias (CEL), como propone la iniciativa, impediría a las empresas acreditar el uso de energías renovables, lo cual repercutiría en las contribuciones del país en torno a los compromisos de descarbonización derivados de los acuerdos internacionales como el Acuerdo de París, la Agenda 2030 y la COP 26.
El posicionamiento subrayó que la energía eléctrica, su garantía de capacidad y la forma en que se produce será uno de los elementos más importantes para definir el destino de dónde se producirán los vehículos del futuro.
De acuerdo con la AMIA, la industria automotriz se encuentra en un proceso de transformación global acelerado, y México se ha ganado una posición privilegiada en el contexto global de la industria que podría perderse con esta reforma.
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“Celebramos el compromiso del Estado en mejorar y adaptarse a las necesidades de la ciudadanía; sin embargo, rechazamos por las razones antes expuestas la iniciativa de reforma constitucional en cuestión y solicitamos a las autoridades considerar los efectos negativos que ésta traería al medio ambiente, la inversión y por ende, a México”, puntualizó José Zozaya, presidente de la AMIA.
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