El Grupo Parlamentario de UDC presentó ante el Pleno del Congreso del Estado punto de acuerdo donde exhorta al Gobierno del Estado para que a través de Secretaría de Finanzas, la Fiscalía General del Estado o de la autoridad que considere pertinente, atendiendo a los principios de la cooperación internacional solicite ante las autoridades texanas la recuperación de los activos que invirtió el Poder Judicial en la Sociedad Financiera Popular denominada (FICREA)
El coordinador de los Diputados de UDC, Emilio Alejandro De Hoyos Montemayor, recordó que en el año 2014 se dio a conocer que el entonces magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia realizó inversiones ilegales de dinero público en la Sociedad Financiera Popular denominada FICREA S.A. DE C.V, que resultó una defraudadora.
Subrayó que de acuerdo con las cifras oficiales corresponden a un monto de 125 millones 600 mil pesos las operaciones realizadas entre el año 2010 y 2014 y que afectan directamente el patrimonio de los coahuilenses.
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El legislador recordó que el pasado 29 de mayo, el señor Rafael Antonio Olvera Amezcua, quien fuera el socio mayoritario de FICREA S.A. de C.V., fue detenido por autoridades de Estados Unidos a petición de la Fiscalía General de la República quien le atribuye diversos delitos, entre los que se encuentra el lavado de dinero.
El punto de acuerdo presentado por el GPUDC y que fue aprobado por unanimidad, exhorta al Gobierno del Estado para que a través de las instancias correspondientes solicite la devolución de dicho recurso, tomando en cuenta que las autoridades norteamericanas tendrán el aseguramiento de sus bienes y cuentas bancarias, y con el fin de garantizar la restitución del daño patrimonial del estado de Coahuila.
Recordó que en su momento el hecho se hizo del conocimiento público, ya que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), determinó intervenir en el funcionamiento de FICREA S.A. DE C.V al detectar múltiples irregularidades que se tradujeron en fraude a más de 6,800 ahorradores mexicanos, por un monto superior a los 6 mil 500 millones de pesos.
“Lamentablemente la mayor parte de los afectados, en su mayoría adultos mayores, han desistido en sus procesos legales para recuperar su dinero”, refirió.
El legislador explicó que FICREA S.A de C.V se desempeñaba como una empresa que brindaba servicios financieros, como productos de inversión, ahorro y créditos desde el año 2008, empresas que son reguladas por la Ley de Ahorro y Crédito Popular.
Contextualizó que dentro de las autoridades afectadas se encuentra el Poder Judicial del Estado de Coahuila, cuya inversión representó ganancias para la referida empresa derivadas de la comisión de una actividad ilícita que repercute de manera grave en el patrimonio del Estado de Coahuila.
