Allende, Coahuila.- A 10 años de los terribles hechos ocurridos en Allende en el que se cometieron decenas de asesinatos y desapariciones forzadas, no hay una cifra exacta de víctimas.

Para el fiscal de Personas Desaparecidas de Coahuila, José Ángel Herrera Cepeda, la cifra oficial es de 28.

“En ese fin de semana, en esos tres días completos, lo que fue el 18, 19 y 20 de marzo del 2011, nosotros tenemos reportados únicamente 28 personas que estuvieron en calidad de desaparecidas, hubo otros hechos aleatorios, pero que no están relacionados con lo de Allende, entonces sí hay que ser muy puntual, que en un momento determinado en los medios se manejó una cantidad de 100 o hasta más, pero dentro de la investigación, solamente se advierten esas 28 víctimas, una recuperada con vida, un menor de edad en el Estado de México, todos los demás hechos son aleatorios y no están relacionados con este evento”, dijo Herrea Cepeda.

Sin embargo, colectivos de búsqueda de desaparecidos señalan que la masacre de Allende no ocurrió sólo del 18 al 20 de marzo de 2011, sino que fueron meses en que el crimen organizado hizo y deshizo en la región norte de Coahuila con la complicidad de las autoridades.

Ariana Denis García Bosque, asesora jurídica y representante legal de la Asociación Civil Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, dijo que desde hace ocho años, desde 2013, están documentando casos de desaparición forzada y violaciones graves a Derechos Humanos, en relación a lo ocurrido en Allende.

“Es cierto que en ese mes y fin de semana se dio el pico más alto de desapariciones, pero ya se habían suscitado antes y posterior a esta fecha que estaban relacionadas con los mismos eventos”, dijo.

Criticó que las autoridades ministeriales no quieran aceptar que esas desapariciones ocurridas antes y después de ese fin de semana tienen relación con el caso Allende y lo descarten como parte de una investigación global.

“En 2014 teníamos 80 expedientes, entre desaparición forzada y desaparición involuntaria, lo que ahorita conocemos como desaparición por particulares en la región norte de Coahuila”, dijo.

Por su parte, Juan Enrique Martínez, encargado de litigio y estrategia internacional en el Centro para los Derechos Humanos Juan Fray de Larios, acusó a las autoridades de minimizar el caso.

“No se conoció el caso de Allende hasta unos años después (2014), entonces algo que nos muestra también la documentación de estos casos es cómo las autoridades trataron de limitar u ocultar desapariciones y lo que sucedió en Allende”, sentenció.

También consideró que hay hechos que están relacionados a Allende y que entran dentro del contexto ya sea con días o semanas de diferencia, pero la Fiscalía no ha querido montarlos dentro del caso.

El contubernio de autoridades de los tres órdenes de gobierno con el cártel de Los Zetas desencadenó en decenas de desapariciones forzadas en la región norte de Coahuila desde 2004 y hasta 2014, según precisa la Comisión Nacional de Derechos Humano (CNDH) en la recomendación 10VG-2018.

Con el arribo de Los Zetas, el índice delictivo se incrementó paulatinamente de 2004, en el que se registró una tasa de 9.36 homicidios por cada 100 mil habitantes, hasta un máximo histórico en el año 2012, en el que la tasa llegó a 25.4.

La CNDH determinó que muchos de los desaparecidos fueron trasladados a los ranchos denominados Tres Hermanos y De Los Garza, gracias al “Operativo de búsqueda en vida Coahuila Norte”, que se realizó en los municipios de Guerrero, Allende, Zaragoza, Morelos, Nava, Piedras Negras, Acuña, Jiménez, Monclova y Sacramento en enero y febrero de 2014.

Sólo en el rancho De Los Garza, las autoridades encontraron 219 muestras biológicas susceptibles de análisis, que debieron ser analizadas a fin de determinar la identidad de las víctimas y se ejercitara acción penal en contra de los presuntos responsables.

TERROR

Carlos Zamora, investigador del Centro de Educación para los Derechos Humanos de la Academia Interamericana de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Coahuila, dijo que lo ocurrido en Allende infundió el terror en toda la región Norte de Coahuila, pero también permitió visibilizar lo que ocurría y “evidenció la colusión o corrupción de ciertas autoridades que tenían con algunos criminales”.

La visibilización hizo que las autoridades voltearan a ver Allende y la región norte, que se comenzara a atender el problema en particular, lo que permitió consolidar los colectivos de familias desaparecidas en Coahuila.

“Hoy en día tenemos siete colectivos, que se empoderaron en sus derechos y salieron a exigirlos, salieron a solicitar y a exigirle los gobiernos la atención del problema. Que se creara después un grupo de trabajo de carácter autónomo que no depende del gobierno ni tampoco de las familias, que hasta la fecha cumple como órgano mediador entre ambos y de los cuales se han obtenido muchos resultados positivos, como la generación de leyes locales que han sido pioneras en el país, que han sido tomadas como ejemplo a nivel nacional”, relató.

Como resultado del reconocimiento público de la matanza de Allende, Coahuila aprobó la primera Ley para la Declaración de Ausencia por Desaparición en el país y una ley de identificación forense, que también se tomó como base para generar la Ley de Desaparición de Personas.

Además, Coahuila consolidó junto con la Federación el primer Centro Regional de Identificación Humana (CRIH), que a decir de Zamora, “viene a ser una gran esperanza en la identificación de muchos restos y se espera que traiga muchos resultados y paz a las familias en la búsqueda de sus seres queridos”.

“SE FRAGMENTÓ LA COMUNIDAD”

Hiram Reyes Sosa, doctor en Psicología Social y profesor investigador en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), consideró que las desapariciones de Allende fragmentaron el tejido social de la comunidad y dejaron severos daños psicológicos.

“Realmente fragmentan a la sociedad por los niveles de inseguridad e incertidumbre que se generan, tenemos que la mayoría de las personas pueden presentar mayores niveles de desconfianza, inclusive por otras personas, entonces cuando hablamos de tejido social, hablamos que se va fragmentando esto que podemos llamar comunidad”.

Para el investigador, las secuelas del terror infundido por Los Zetas en el norte de Coahuila son muy graves porque “la comunidad para las personas es muy importante, porque nos hace sentirnos parte de algo. Fenómenos o hechos violentos como los que pasaron fragmentan este tejido”.

Hijos, hijas, padres y madres desaparecidas “generan sentimientos como el odio, la rabia y esto es una parte muy importante de las que más se ven afectadas, cuando se fragmenta el tejido hay un problema en los niveles de colectividad o en los niveles que te hacen sentir parte disminuyen y pueden generar otro tipo de problemáticas”.

Comentó que hay cosas que son necesarias para poder perdonar, como justicia, que es la más importante y en el caso de Allende no la ha habido.

Los casos como los de Allende también dejan secuelas en los niños al crecer sin padres.

“Un colega que se llama David Moreno hizo un estudio en niños que fueron víctimas de la violencia o que vivieron hechos violentos. Y es muy interesante cómo estos niños tenían a la policía y a los militares como los malos y a los grupos delictivos como víctimas de los sucesos que pasaron. Entonces hay otras que no se ven, por lo general pensamos en el número, en que pasó x o y, pero esos hechos luego tienen cuestiones menos visibles en la vida cotidiana y la población”.

Lo que vivió la comunidad en Allende, basado en la teoría social, hizo que la población fuera regulada y cambiara su forma de vida, incluso que despertara paranoia.

Para que la comunidad de Allende sane es necesario una reconstrucción, “y la memoria es muy importante, pero no esta memoria que pongan ahí un mausoleo, no. La memoria es la reconstrucción de lo que sucedió; de conocer la verdad, saber qué pasó, cómo sucedió, por qué sucedió y esa es la memoria rica e importante porque nos permite cuestionarnos”.

El investigador dijo que lo ocurrido en Allende es muy importante estudiarlo desde la experiencia de las personas.

“Lo que estamos haciendo es recolectar sus vivencias, sus opiniones, sus ideas, la forma en cómo lo vivieron o lo viven actualmente, porque lo que nos hemos encontrado es de que se termina el proceso, se da el carpetazo y me voy a mi casa, me encierro, estoy solo, sola, y no tienen con quién hablar, son personas que van perdiendo bienestar”.

SIN CUMPLIR, REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO

Hugo Morales Valdez, titular de la Comisión de Derechos Humanos en el Estado de Coahuila (CDHEC), dijo que se ha avanzado en atender la recomendación de la CNDH, pero sigue sin cumplirse totalmente.

La recomendación, un documento de 305 páginas, exige la Reparación Integral del Daño, consistente en Rehabilitación, Satisfacción, Garantías de no repetición y Compensación.

En el primer punto, a los familiares de las víctimas se les debe proporcionar atención psicológica profesional con el fin de que alcancen la sanación psíquica y emocional; esta atención deberá brindarse de forma gratuita, inmediata y en un lugar accesible para las víctimas, además de que se deberán ser proporcionados por el tiempo que sea necesario e incluir los medicamentos, en caso de que se requieran, de forma gratuita.

La satisfacción se refiere a emprender medidas eficaces para conseguir que no continúen las violaciones, la verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad, una disculpa pública, y la aplicación de sanciones jurídicas o administrativas a los responsables de las violaciones y que la Fiscalía General del Estado de Coahuila continúe con la integración de la carpeta de investigación, a efecto de que se esclarezca el destino final de las víctimas y castigo a los perpetradores del crimen.

Hugo Morales Valdez dijo que el 27 de julio del año 2019, el Estado dio una disculpa pública a través del titular del Ejecutivo, Miguel Ángel Riquelme Solís, en la que estuvieron presentes algunas familias de las víctimas, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, y el subsecretario de Asuntos Migratorios y de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, quienes representaron a las autoridades federales, que también deben tomar parte en la reparación del daño.

“Hay que decir que esa recomendación se ha ido cumpliendo a lo largo del tiempo, sin embargo, aún no está absolutamente cerrada en virtud de que todavía se tienen que liquidar las cantidades que son reparatorias para aquellas personas que reconoce la propia recomendación como desaparecidas”, agregó.