/ miércoles 8 de enero de 2020

Acusados por peculado al municipio de Castaños obtienen plazo para el proceso

Los ex funcionarios municipales de la administración de Isabel Sepúlveda buscan justificar como se auto pagaron una supuesta liquidación laboral

Frontera, Coahuila. - Un nuevo plazo de dos meses para la investigación por el delito de peculado en contra del ayuntamiento de Castaños, otorgó el juez penal a el ex secretario particular del exalcalde de Castaños y el ex contralor, que se otorgaron su autoliquidación laboral por 305 mil pesos y en la audiencia de vinculación se comprometieron a resarcir mediante un acuerdo.

Sin embargo, el abogado del municipio de Castaños, Roberto Ramírez, confirmó que los imputados ofrecieron pagar solo el 10 por ciento del daño patrimonial ocasionado al erario, lo que representa alrededor de 30 mil pesos del total de lo que dispusieron de cuentas del municipio.

Los imputados fueron los hermanos Cesar y Miguel. El primero fungió como secretario particular del alcalde, mientras que el segundo como contralor municipal, con acceso a las cuentas del ayuntamiento simularon un supuesto despido injustificado unos días antes del 31 de diciembre en que concluiría la administración de Isabel Sepúlveda.

El último día de diciembre 2017, fue cuando se auto pagaron su supuesta liquidación laboral que fue descubierta por la administración de Enrique Soto, por lo que se procedió a informar a la Auditoria Superior y de ahí se denunció a la Fiscalía Especializada en hechos de Corrupción, que lleva el caso ante el juez penal.

En la audiencia de este 8 de enero 2020, los abogados de los imputados solicitaron dos meses más de plazo, como lo marca el artículo 321 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que fue concedido por el juez al no existir oposición de los representantes de la Fiscalía General del Estado.

Para el 9 de marzo se programó el inicio del proceso judicial por peculado en contra de Cesar y Miguel. Aun así, el jurídico de Castaños dijo que siguen en pláticas a fin de buscar el resarcimiento de lo sustraído de las cuentas municipales, donde se les ha manifestado disposición de otorgarles un plazo que no pase de los cinco meses para que paguen los 305 mil pesos.

Frontera, Coahuila. - Un nuevo plazo de dos meses para la investigación por el delito de peculado en contra del ayuntamiento de Castaños, otorgó el juez penal a el ex secretario particular del exalcalde de Castaños y el ex contralor, que se otorgaron su autoliquidación laboral por 305 mil pesos y en la audiencia de vinculación se comprometieron a resarcir mediante un acuerdo.

Sin embargo, el abogado del municipio de Castaños, Roberto Ramírez, confirmó que los imputados ofrecieron pagar solo el 10 por ciento del daño patrimonial ocasionado al erario, lo que representa alrededor de 30 mil pesos del total de lo que dispusieron de cuentas del municipio.

Los imputados fueron los hermanos Cesar y Miguel. El primero fungió como secretario particular del alcalde, mientras que el segundo como contralor municipal, con acceso a las cuentas del ayuntamiento simularon un supuesto despido injustificado unos días antes del 31 de diciembre en que concluiría la administración de Isabel Sepúlveda.

El último día de diciembre 2017, fue cuando se auto pagaron su supuesta liquidación laboral que fue descubierta por la administración de Enrique Soto, por lo que se procedió a informar a la Auditoria Superior y de ahí se denunció a la Fiscalía Especializada en hechos de Corrupción, que lleva el caso ante el juez penal.

En la audiencia de este 8 de enero 2020, los abogados de los imputados solicitaron dos meses más de plazo, como lo marca el artículo 321 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que fue concedido por el juez al no existir oposición de los representantes de la Fiscalía General del Estado.

Para el 9 de marzo se programó el inicio del proceso judicial por peculado en contra de Cesar y Miguel. Aun así, el jurídico de Castaños dijo que siguen en pláticas a fin de buscar el resarcimiento de lo sustraído de las cuentas municipales, donde se les ha manifestado disposición de otorgarles un plazo que no pase de los cinco meses para que paguen los 305 mil pesos.

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