Frontera, Coahuila. - Florencio Siller Linaje, alcalde del municipio Frontera, estará por segunda ocasión ante un juez federal para definir si se le vincula a proceso por delitos contra la Libertad de Expresión en hacia la reportera de radio Mayra Cisneros, tras amenazas en junio y “un levantón “en julio de 2018, cuando era candidato del PRI para un segundo periodo en la alcaldía.
Este viernes 29 de noviembre se dio la audiencia inicial, donde el alcalde y su defensa se acogieron al término del Código Nacional de Procedimientos Penales de 144 horas para preparar su defensa, después de ser imputado de los delitos de amenaza y de la privación de la libertad de la periodista que dijo en su espacio radiofónico que había poca gente en el cierre de campaña, al referirse a que los asistentes que se veían en las fotos iban a la presentación de un grupo musical, más que al evento político.
Ese comentario al aire provocó la ira del alcalde que le llamó a la periodista a su celular para amenazarla, diciéndole: “No sabes dónde te metiste, te voy a acabar”, entre otras advertencias en contra de su persona, además de pedir a la empresa radiofónica “La poderosa” el despido de la reportera, que se dio días después.
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Mayra Cisneros denunció los hechos ante la Fiscalía en Monclova, pero no prosperó, ante lo que organismos internacionales de protección a periodistas promovieron medidas de defensa federal y lograron que la Fiscalía Federal de Delitos contra la Libertad de Expresión atrajera el caso y reuniera pruebas en contra del alcalde de Frontera.
Mayra Cisneros fue desplazada por el mecanismo de protección de Artículo 19 a un refugio seguro fuera de México, en tanto se sigue la denuncia que se reanudará este miércoles en el centro de Justicia Federal de Torreón, luego de haberle informado a Florencio Siller Linaje de los delitos que se le acusan.
Víctor Martínez, abogado de la periodista Mayra Cisneros, sostiene que se tiene la llamada del alcalde, así como otras pruebas con las que se busca vincular a proceso por amenazas y de haber ordenado la privación de libertad de la reportera. Se buscarán medidas de protección para testigos y familiares de la reportera que aún viven en el municipio de Frontera, a fin de evitar que sean coaccionados para desistirse del proceso que se espera reafirmar.