Las últimas clausuras que se han realizado en anexos de Torreón han sido principalmente por violencia y maltrato contra los internos; además se presentan otro tipo de irregularidades como falta de documentación, de protocolos y situaciones de salubridad.
De un total de 63 centros de rehabilitación o anexos que hay en el municipio, un total de 11 se han amonestado o clausurado en 2023 y 2024; en lo que va del presente año, se han registrado seis casos similares en anexos por diversas faltas como las antes mencionadas.
“Por ello hacemos operativos constantes en coordinación con diferentes dependencias; nosotros revisamos todos los demás requisitos que se encuentran en el reglamento y saber si existen otras irregularidades como falta de licencias, de planes de Protección Civil, malas condiciones o prácticas de salubridad y pueden hacerse desde amonestaciones hasta clausuras, que pueden ser temporales o definitivas”, comentó el director de Prevención Social del Delito del Ayuntamiento de Torreón, Víctor Ramos Galindo.
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Las clausuras pueden ser temporales, dependiendo el caso y la situación por la cual se cerró el lugar; si no es tan grave, en caso de subsanar las faltas, pagar algunas multas y comprobar las mejoras, se levanta la clausura, aunque se siguen realizando constantes verificaciones; no así cuando el centro ha sido reincidente en las mismas faltas o cuando éstas son muy graves, ahí si se determina que sea definitiva.
Prácticas indebidas
El funcionario señaló que sí se han detectado prácticas muy inhumanas en varios de estos centros de rehabilitación y diferentes faltas que se cometen en su operación, para lo cual se están realizando los operativos constantes de regulación de este tipo de lugares.
Los casos en los que los anexados han sido golpeados o maltratados se detectan principalmente por denuncias de familiares y al acudir a verificar las autoridades familiares; al acudir las autoridades han encontrado riesgos de violencia física como golpes, moretones, marcas de que fueron esposados, entre otras y en esos casos ya interviene la Fiscalía General del Estado (FGE).
La cuestión de la insalubridad también ha sido frecuente, tanto falta de higiene en habitaciones o en el resto del centro, pero sobre todo en cuestión de alimentos, que han detectado que recogen los desechos de los mercados y es lo que les dan de comer a los internos.
La privación ilegal de la libertad se llega a presentar cuando no dejan salir a algún joven por tener adeudos con el lugar y esto también es motivo de clausura y de denuncia ante la fiscalía.
El problema de las adicciones es un problema de salud y debe ser atendido por el sector salud, pero no hay los espacios, elementos o recursos para hacerlo; al no haber esos recursos, la iniciativa privada aprovecha para abrir este tipo de lugares a manera de negocio; sin embargo, al haber ya una gran cantidad de lugares de este tipo, lo que le queda a la autoridad, en este caso del municipio es reglamentar vigilar que estén haciendo las cosas de manera correcta.
“No son centros de retención, ni prisiones, ni centros de castigo, sino centro para la rehabilitación de personas que tienen un problema de salud sobre las adicciones y así deben de ser tratados”, dijo el funcionario.
Garantizar lugares seguros
El municipio realiza verificaciones sobre el cumplimiento de todos los requisitos y el funcionamiento de los centros. “Pero lamentablemente muchos de estos lugares son operados por gente que también estuvo en algún centro de rehabilitación y no tienen los métodos adecuados para trabajar con el problema de adicciones de los jóvenes”.
Sin embargo, dijo que hay anexos que sí se han comprometido y se van profesionalizando, estudian psicología o carreras afines para poder ayudar de manera correcta a los internos, pero aún son, muchos los que siguen con prácticas antiguas como los golpes y el sometimiento; también en muchos de los casos, solamente los tienen encerrados y consideran que porque en su estancia no consumieron, se han rehabilitado, lo que es falso y por el contrario, tienen mayor probabilidad de recaer y de entrar en crisis.
Actualmente, en el municipio de Torreón se tiene la misión de poner en orden a todos los anexos y que se profesionalicen; les ofrecen cursos en consejería de adicciones, primeros auxilios, primeros auxilios psicológicos, bases también para que sepan interpretar la ley y la cumplan, que sepan lo que marca el reglamento y la Norma Oficial 28,
Pero por el momento no son de carácter obligatorio y no todos acuden, aunque sí han tenido una respuesta favorable de muchos de los centros de rehabilitación para adicciones que hay en la ciudad. Se busca que estas medidas se integren al Reglamento Interno del municipio para que tengan obligatoriedad para todos los anexos.
Deben seguir lineamientos
La Norma Oficial 28 (NOM-028-SSA2-2009) para la prevención, tratamiento y control de las adicciones, dice que los servicios de atención especializada en adicciones contarán con actividades preventivas, de urgencias, tratamiento, rehabilitación y reinserción social, así como reducción de daños y riesgos, enseñanza y capacitación e investigación científica.
Además, los establecimientos que brinden atención residencial deben contar con organización interna, el aviso de funcionamiento respectivo, así como con el registro como institución especializada ante el Consejo Nacional contra las Adicciones (Conadic), un programa general de trabajo aprobado por el mismo Conadic, en el que se contemple el tratamiento médico y/o psicosocial basado en principios científicos, sociales y éticos.
También debe tener un reglamento interno, manuales técnico-administrativos, guía operativa de referencia y contrarreferencia a otros establecimientos de mayor complejidad, de acuerdo con el cuadro clínico.
Respectos a la infraestructura establece que debe contar con instalaciones y equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, de acuerdo con el tipo de modelo de atención que brinden; instalaciones específicas necesarias para dar atención a los usuarios, estableciendo perfectamente la división de acuerdo con su grupo de edad y sexo.
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Personal capacitado y suficiente para llevar a cabo las funciones, programa de atención integral que debe comprender un ambiente físico apropiado, limpio y seguro; tratamiento médico y/o psicosocial, alimentación balanceada, de buen aspecto, en cantidad suficiente y servida en utensilios higiénicos.
“El personal que labora en los establecimientos especializados en adicciones, tiene la obligación de vigilar, proteger y dar seguridad a los usuarios, mientras permanezcan en el mismo; la relación del personal con los usuarios se basará en el respeto a su persona, a sus derechos civiles y humanos, así como a sus pertenencias; proporcionar un servicio de quejas y sugerencias para usuarios y familiares, que garantice el que sean tomadas en cuenta para la solución, vigilancia y seguimiento de las peticiones”.
El establecimiento debe promover, de ser posible, la participación de la familia en el proceso se debe informar sobre el costo directo o indirecto y total del tratamiento, así como su duración, en el momento del ingreso o cuando cualquier persona solicite información y toda medicación suministrada al usuario debe ser prescrita por un médico y ello debe ser registrado en el expediente clínico.
“Toda información proporcionada por el usuario y/o familiares del mismo, así como la consignada por escrito en su expediente; el programa de trabajo del establecimiento deberá contar con la especificación de las actividades de rehabilitación que deberán desarrollarse en el mismo, en términos de las necesidades particulares de los usuarios, con la participación interdisciplinaria de los trabajadores y la familia”.
Todo internamiento involuntario deberá ser notificado por el responsable del establecimiento al Ministerio Público de la adscripción, en un plazo no mayor de 24 horas posteriores a la admisión. Tratándose de un menor de 16 años, sólo se le ingresará cuando existan programas y espacios adecuados e independientes, de acuerdo con la edad y sexo, de lo contrario deberá ser referido a los establecimientos encargados de la atención a menores.
Prevención es la clave
En los 63 anexos que operan en Torreón, se estima que hay un promedio de mil 500 personas, lo cual es una población grande con esta problemática; por ello se les exige que cumplan, pero tampoco se exagera en los detalles para clausurar.
“Esto llevaría a otra problemática, ya que estas personas mientras están en un centro no están en las calles, no están consumiendo, delinquiendo o causando problemas familiares y beneficia a la sociedad, de igual forma, en el caso de los que si logran rehabilitar a los internos”.
Por ello, Ramos Galindo dijo que no solo se tiene que trabajar en una mejor regulación y en implementar una vigilancia eficiente en estos lugares, sino también en materia de prevención. Incluso este rubro sería más importante, para que este tipo de centros no sigan creciendo y sean más necesarios al incrementar las cifras de personas con adicciones.
Para concluir, recomendó que antes de ingresar a algún familiar en un centro de rehabilitación, exija que se le muestre la documentación completa que tienen para poder operar.
También, que los dejen ver las condiciones del lugar, los espacios, el área donde va a estar su paciente; no deben negarse ni con el argumento de la privacidad, ya que deben comprobar que los espacios son adecuados, que hay salubridad, que tienen toda la documentación en regla, que es un lugar digno y adecuado para que su familiar pueda llevar su proceso, por lo que también es indispensable exigir que se le informe qué tipo de métodos se emplearán e incluso pedir que los profesionales que estén a cargo de los tratamientos y terapias, puedan platicar directamente con los familiares.
