El Congreso de Coahuila cumplirá a tiempo con la obligación que tiene de homologar las disposiciones estatales correspondientes con las contempladas dentro de la nueva Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, en el entendido de que para poder instrumentarlas en la práctica será necesario contar con respaldo económico federal que de inmediato comenzará a solicitarse a las autoridades competentes.

En ese sentido, el diputado local Hugo Dávila Prado aseguró que llegado el momento tanto el gobierno estatal como las autoridades de los municipios coahuilenses no dudarán en invertir para que aquellas disposiciones que impliquen un gasto público puedan atenderse, bajo un esquema en el que definitivamente la ayuda federal será indispensable.

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“Estamos pidiendo al gobierno federal que en el 2023 ya venga etiquetado un recurso para el estado y los municipios”, dijo, al hacer notar a manera de ejemplo que como parte de las nuevas disposiciones legales se exige a las autoridades brindar servicios de transporte gratuitos a los niños que vivan a más de treses kilómetros de sus escuelas y no exista para ello una ruta establecidas y sus padres no tengan los recursos necesarios para llevarlos diariamente a clases.

Otro rubro en lo que de acuerdo con la Ley se tendrá que invertir, es en el que se establece la necesidad de pavimentar todos los caminos de acceso a las comunidades ubicadas a más de dos kilómetros de la mancha urbana.

Igualmente habrá que invertir, entre otras cosas, para instrumentar nuevos esquemas para la emisión de licencias de conducir bajo criterios más rigurosos, con la aplicación de exámenes tanto teóricos como prácticos y no sólo para quienes vayan a obtener el documento por primera vez, sino también para aquellos que deban renovarlo, además de que como parte de los nuevos requisitos los solicitantes tendrán incluso que ser examinados de la vista, a favor de una movilidad más segura. Todo esto implica un coto que en definitiva debe ser absorbido por el Gobierno a fin de que no recaiga en el ciudadano.

Esas y otras implicaciones fueron revisadas de manera preliminar durante una reciente reunión de trabajo que el titular de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad del Gobierno de Coahuila, Miguel Algara Acosta, sostuvo con los diputados que integran las Comisiones de Gobernación y Movilidad Urbana del congreso local.

Dávila Prado aclaró que la aprobación de la homologación de las disposiciones estatales a la nueva ley habrá de aprobarse en tiempo y forma antes del 14 de noviembre, pues no estará condicionada a la asignación de la ayuda financiera federal que se requiere y que habrá de solicitarse en espera de buenos resultados.