Durango.- El Congreso del Estado aprobó una nueva Ley de Mejora Regulatoria que establece la obligación de las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de su competencia, de implementar políticas públicas de mejora regulatoria para el perfeccionamiento de las regulaciones y la simplificación de los trámites y servicios procurando la mejora integral, continua y permanente de las regulaciones tanto estatales como municipales.
Se abrogará la Ley vigente en la materia
De esta manera, el Sistema Estatal de Mejora Regulatoria tiene por objeto coordinar a las autoridades de los órdenes de gobierno estatal y municipal, en su respectiva competencia, a través de normas, principios, objetivos, planes, directrices, órganos, instancias y procedimientos para la implementación de la Estrategia Nacional y la formulación, desarrollo e implementación de la Estrategia Estatal y la política en materia de mejora regulatoria, con la participación de los sectores público, social, privado y académico.
La conducción de la presente Ley corresponde a la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria del Estado y a las Unidades Municipales de Mejora Regulatoria, Unidades Administrativas o áreas responsables dentro del ámbito de sus respectivas competencias; con la participación correspondiente del Consejo Estatal y los Consejos Municipales de Mejora Regulatoria.
Te recomendamos:
Los Poderes Legislativo, Judicial y organismos autónomos, procurarán, con pleno respeto a su autonomía, observar los principios rectores establecidos en esta Ley respecto de su funcionamiento interior.
Cada municipio integrará su Unidad Municipal de Mejora Regulatoria y deberá expedir la normatividad en la materia, de conformidad con las disposiciones jurídicas de mejora regulatoria, donde el alcalde deberá nombrar un responsable de la Unidad Municipal, para el desarrollo y la implementación de la Política Mejora Regulatoria en el Municipio.
Cualquier persona física o moral podrá interponer su queja ante la Secretaría de Contraloría del Estado, la Contraloría Municipal correspondiente, o ante la Comisión Estatal o la Unidad Municipal correspondiente, cuando considere que algún servidor público estatal o municipal, ha cometido cualquier conducta que obstruya la mejora regulatoria o el establecimiento y operación de cualquier empresa en el territorio del Estado.