En respuesta a una sentencia del Tribunal Electoral, el consejo general del Instituto Nacional Electoral acordó lineamientos para impedir que funcionarios públicos, incluidos los llamados “servidores de la nación”, incurran en actos, que pueden atentar contra la imparcialidad y equidad en los procesos electorales, cuyos criterios se aplicarán en los comicios del 2023 en Coahuila y Estado de México.
En sesión extraordinaria, se determinó que estas limitaciones tienen el objetivo de estas medidas es garantizar los principios de neutralidad, imparcialidad y equidad.
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De tal manera que quienes operan programas sociales, entre ellos los “servidores de la nación” o cualquier persona del servicio público que interactúe como intermediario en la entrega de beneficios o realice actividades con beneficiarios, deberán conducir su actuar de manera institucional.
“No deben realizar actos que generen la percepción en la ciudadanía de que los beneficios entregados son atribuibles a una persona o partido político, o bien, que su continuidad depende de la permanencia de una opción política en el gobierno”, se menciona.
Además, deberán abstenerse de instruir o coaccionar al personal a su cargo para que realice cualquier conducta relacionada con los procesos electorales o de democracia directa.
Tampoco podrán dirigir mensajes de índole electoral a la ciudadanía, ni usar los recursos públicos a los que tienen acceso o a su disposición para invitar a votar a favor o en contra de una opción política.
Correspondió a la consejera Adriana Favela exponer los lineamientos, con lo que se acata una sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), para evitar que los servidores públicos tengan injerencia en los procesos electorales.
