Tania Julieta Hernández Maldonado, secretaria de la Contraloría en el Estado de Durango, compareció ante los medios de comunicación para generar una postura sobre lo señalado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), quien esta última determinará quiénes fueron los presuntos responsables del desvío de recursos que generó una afectación directa al erario público.
Cuestionada sobre si habrá sanciones a ex servidores públicos, dijo la funcionaria que esto lo determinarán las instancias correspondientes, “después del análisis de esta información ya la Auditoría Superior de la Información (ASF), determinará si queda satisfecha con la respuesta o si no queda satisfecha con la respuesta”, indicó.
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Aceptó que va en función de lo que en 30 días hábiles la instancia correspondiente responda y lo que ellos encuentren, “va en función de lo que nosotros encontremos, el Gobernador Esteban ha sido muy claro en decirnos no vamos a ocultar información, si tenemos la información mandémosla como está; lo que no podemos hacer es decir, lo ejercieron los otros nosotros aquí lo guardamos porque al final al que le pega es al estado vamos a entregar lo que nos dejaron y si hay alguna situación que no se encuentre también se notificará a la ASF”, explicó.
En contexto, Durango fue declarado por la ASF que es la segunda entidad más observada con 8 mil 171 millones de pesos, de acuerdo al segundo Informe de Fiscalización de la Cuenta Pública 2021. Todo ello por más de 8 mil millones de pesos a la entidad duranguense. La funcionaria recordó que más de la mitad del monto observado para la entidad, corresponde a Participaciones Federales con 4 mil 425 millones de pesos.
La funcionaria fue clara y concisa en que no es el momento para afirmar que el exgobernador del estado de Durango José Rosas Aispuro tenga algún tipo de responsabilidad, “quien hace las observaciones es la ASF, si a mí me preguntan, de una manera evidente yo puedo decir, pues era el jefe del ejecutivo, y entonces como jefe del ejecutivo tiene responsabilidades; sin embargo quienes determinarán en este caso en estas observaciones es la ASF”, afirmó.
Sobre el daño al erario público al que incurrieron en la pasada administración, “lo cual si bien dentro de los 8 mil 171 millones de pesos 31 pueden sonar poquito, digo para mi es un montón, qué no pudiéramos hacer con esos 31 millones de pesos y ahí, si hay daño si se tendrá que resarcir este daño y que quede claro, ese daño no lo va a resarcir el estado ni las finanzas ni las arcas del estado tendrán que ser los ex servidores, ex servidoras que hicieron mal uso de este recurso público ya sea por desvío o por mal manejo”, apuntó.