Avanza hacia su consolidación el proyecto que contempla la creación de un tribunal especializado en justicia terapéutica restaurativa que, con un enfoque en materia de salud y fuera de un afán punitivista, apostará por combatir la reincidencia en la comisión de delitos asociados con el consumo de sustancias adictivas.
Al informar lo anterior, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Miguel Felipe Mery Ayup, estimó que será tentativamente en diciembre del presente año o en enero del próximo cuando el nuevo tribunal se encuentre ya en funcionamiento.
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La sociedad se está transformando y por eso se trabaja en la creación de dicho tribunal bajo la coordinación de los magistrados María Luisa Valencia y Juan José Yáñez, dijo.
Explicó que el modelo que se impulsa pretende atender la problemática de raíz con un enfoque no punitivista, pues de nada sirve tener un alto porcentaje de personas en la cárcel sin un proceso efectivo de rehabilitación y reinserción.
Tal y como ya sucedió en Ciudad Juárez, el modelo permitiría tener un enfoque orientado a un tema de salud para los procesados que estén relacionados con el delito de narcomenudeo.
De acuerdo con Mery Ayup, del total de personas que son juzgadas y se tiene una causa penal por ese delito, alrededor del 25 por ciento llega a reincide la gente reincide, que es precisamente lo que se busca evitar, para lo cual se busca involucrar la participación de la Secretaría de Salud.
“El efecto de tener un juzgado especializado permitirá rehabilitar y tener justicia terapéutica para no reincidentes. Así, tendremos menos problemas sociales y por supuesto se podrá bajar la incidencia delictiva que tiene que ver con el consumo de alguna sustancia que genera un origen en un delito”.
Se informó que con la intención de que el juzgado comience a funcionar entre diciembre y enero, ya se realiza un proceso de capacitación y adecuación, y “tenemos que sentar en la mesa a Salud, la Fiscalía General del Estado, los Centros de Justicia y Empoderamiento de las Mujeres, y todos los operadores del sistema de justicia penal”.
Se pretende llegar a un modelo en el que se brinde una atención integral a favor de personas que ya tienen un daño psicológico mental y que en muchos casos ameritan tratamiento terapéutico con medicamento, y entre ellos hay quienes no tienen quien vea por ellos, por lo que el Estado se tiene que hacer cargo, de manera que las instituciones tienen que coordinarse para que con la mayor eficiencia presupuestal posible.