/ sábado 2 de julio de 2022

Buscan evitar vacíos legales relacionados al aborto: no a la criminalización, destacan

Aquellas personas que se encuentren en prisión por dicho delito, deberán ser puestas en libertad.

El Congreso del Estado dio entrada a una propuesta para derogar los artículos 196, 198 y 199 del Código Penal de Coahuila, con el objetivo de evitar vacíos legales, en el tema del aborto voluntario y con ello cumplir con lo que establece una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La diputada Lizbeth Ogazón Nava presentó la iniciativa, que se sustenta en lo que resolvió la Corte como inconstitucional, respecto a criminalizar el aborto.

Con esa resolución, explicó, se obliga a todos los juzgadores del país a considerar que todas aquellas leyes que criminalicen el aborto de manera absoluta son inconstitucionales.

Además, aquellas personas que se encuentren en prisión por dicho delito, deberán ser puestas en libertad.

Las personas que cuenten con sentencia ejecutoria, podrán acceder al juicio de amparo que les deberá ser otorgado si es fundado en la multicitada resolución para evitar ser aprisionadas.

Las personas podrán ampararse para acceder a un aborto voluntario (en la primera etapa de gestación).

A ninguna persona gestante se le podrá imponer pena de prisión por abortar voluntariamente en la etapa inicial del embarazo.

También se reconoce la prelación del derecho a la mujer a decidir por encima del nasciturus --concebido pero no nacido, como fase de la vida humana interna o en formación---, en la primera etapa del embarazo

“La Corte no obliga a los Congresos Estatales a modificar su legislación penal local. No obstante, es absurdo permanecer con estas disposiciones en el Código Penal del Estado. No basta con que aparezca la leyenda que indique que el artículo en su momento fue declarado inválido por sentencia de la SCJN”, indicó.

Bajo estos conceptos es que propuso derogar esos artículos de la legislación penal.

“Debemos tener en cuenta que la moralidad del acto depende de cada ciudadano, el legislar sobre el tema no obliga a nadie a interrumpir su embarazo si no lo desea. Por el contrario, da la posibilidad de acceder a un derecho para quien desee hacer uso de este lo haga, sin tener que dar explicaciones como si de una Santa Inquisición se tratase”, dijo.

El Congreso del Estado dio entrada a una propuesta para derogar los artículos 196, 198 y 199 del Código Penal de Coahuila, con el objetivo de evitar vacíos legales, en el tema del aborto voluntario y con ello cumplir con lo que establece una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La diputada Lizbeth Ogazón Nava presentó la iniciativa, que se sustenta en lo que resolvió la Corte como inconstitucional, respecto a criminalizar el aborto.

Con esa resolución, explicó, se obliga a todos los juzgadores del país a considerar que todas aquellas leyes que criminalicen el aborto de manera absoluta son inconstitucionales.

Además, aquellas personas que se encuentren en prisión por dicho delito, deberán ser puestas en libertad.

Las personas que cuenten con sentencia ejecutoria, podrán acceder al juicio de amparo que les deberá ser otorgado si es fundado en la multicitada resolución para evitar ser aprisionadas.

Las personas podrán ampararse para acceder a un aborto voluntario (en la primera etapa de gestación).

A ninguna persona gestante se le podrá imponer pena de prisión por abortar voluntariamente en la etapa inicial del embarazo.

También se reconoce la prelación del derecho a la mujer a decidir por encima del nasciturus --concebido pero no nacido, como fase de la vida humana interna o en formación---, en la primera etapa del embarazo

“La Corte no obliga a los Congresos Estatales a modificar su legislación penal local. No obstante, es absurdo permanecer con estas disposiciones en el Código Penal del Estado. No basta con que aparezca la leyenda que indique que el artículo en su momento fue declarado inválido por sentencia de la SCJN”, indicó.

Bajo estos conceptos es que propuso derogar esos artículos de la legislación penal.

“Debemos tener en cuenta que la moralidad del acto depende de cada ciudadano, el legislar sobre el tema no obliga a nadie a interrumpir su embarazo si no lo desea. Por el contrario, da la posibilidad de acceder a un derecho para quien desee hacer uso de este lo haga, sin tener que dar explicaciones como si de una Santa Inquisición se tratase”, dijo.

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