Saltillo, Coahuila.- El pleno del Congreso del Estado aprobó la iniciativa con la que se crea la Ley en Materia de Desaparición de Personas, en la que se garantiza la permanencia de la Comisión de Búsqueda, además de la protección a familiares y obliga a las autoridades a separar del cargo al servidor público señalado como autor de un delito de esta naturaleza.

La iniciativa fue enviada por el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís y tuvo el aval de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

Con esta nueva ley se busca armonizar el marco legal de Coahuila con las disposiciones vigentes a nivel nacional en esta materia y además se incluyen las mejores prácticas en otras entidades federativas, así como el visto bueno de los colectivos de familiares de personas desaparecidas.

En la exposición de motivos, se advierte que Coahuila es uno de los estados más afectados por las desapariciones en México, por lo cual, generó la exigencia de los familiares para que se garantice el respeto a sus derechos humanos y de sus familiares desaparecidos.

La iniciativa consta de cinco títulos, donde se incluyen disposiciones para garantizar la permanencia de la Comisión de Búsqueda, así como responsabilidades para los servidores públicos en relación a la búsqueda inmediata de personas.

Se establece la obligación de sancionarlos en caso de que incumplan con sus obligaciones, conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Se contempla la obligación de imponer medidas cautelares a los servidores públicos que sean imputados por el delito de desaparición de personas.

El Estado tendrá que proteger a las personas que se rehúsen a obedecer una orden o instrucción superior para cometer el delito de desaparición forzada.

La ley incluye disposiciones para atender los casos de personas desaparecidas menores de 18 años, para lo cual se tendrá la colaboración de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF).

Se establece, además, la obligación de las instituciones de seguridad pública del estado, de garantizar la disponibilidad inmediata de personal especializado y capacitado en materia de búsqueda de personas.

También, se garantiza el derecho de los familiares de personas desaparecidas, a tener acceso a los indicios, evidencias y pruebas relacionadas con la búsqueda, así como la posibilidad de proponer acciones de investigación para la búsqueda y localización, pudiendo acompañar y dar seguimiento a las mismas, entre muchas otras acciones.