Los y las diputadas de la 62 Legislatura estatal acordaron por unanimidad, la creación de una Comisión Especial del Congreso del Estado para el estudio, análisis y atención del funcionamiento de la concesión del servicio público que presta en el municipio de Torreón la empresa Promotora Ambiental de la Laguna (PASA).
Lo anterior en consideración al punto presentado en el pleno del Poder Legislativo por el diputado Rodolfo Walss Aurioles, en atención a lo solicitado por el Cabildo de Torreón y por el alcalde Román Alberto Cepeda.
Te puede interesar: Sistema operador de agua, similar al de Saltillo, pudiera aplicarse para Torreón
De esta mamera, el pleno del Congreso instruirá a la Junta de Gobierno, que preside el diputado Eduardo Olmos Castro, para que, en un plazo no mayor a diez días hábiles, realice el procedimiento necesario para conformar esta Comisión Especial.
Todo lo anterior, se deriva de la decisión de PASA de incrementar este año 2022, de manera unilateral, los precios por los servicios que presta al municipio.
Además de que los aumentos están muy por encima del Índice Nacional de Precios al Consumidor y del porcentaje de inflación general anual determinado para el 2021 por Banco de México, la que fue de un 7.36%.
En su pronunciamiento Walss Aurioles establece que estos, sin duda, representa un impacto directo a las finanzas del municipio y a su vez se traduce en una afectación a la prestación de dicho servicio a la población en general.
Explicó que la Promotora Ambiental de La Laguna, en fecha reciente, dio a conocer a las autoridades municipales de Torreón, su determinación de incrementar las tarifas a pagar en el ejercicio 2022, por parte del ayuntamiento en los servicios que se prestan conforme a la citada concesión, lo cual el alcalde y su Cabildo han mostrado su preocupación por esta cuestión.
Asimismo, estableció que los contratos de concesión por periodos de 15 años, como el de PASA, o más violan los más elementales principios de rectoría de la economía del estado, de competitividad, fomento del crecimiento económico y justa distribución del ingreso y la riqueza, así como de administración de los recursos públicos bajo los lineamientos constitucionales de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.
El diputado, comentó que si bien es verdad que los concesionarios de los servicios públicos tienen cierta libertad para fijar las tarifas por sus servicios, igualmente es verdad que el Estado, en este caso vía el municipio y en su caso el Poder Legislativo, puede intervenir para vigilar y hacer lo necesario para que dichas tarifas sean acordes con el servicio prestado.
Todo lo anterior, basados en el interés público, con la calidad del servicio y con los parámetros de la economía tomados en cuenta para fijar las tarifas de todos los servicios que presta la administración pública federal, estatal y municipal.
Externó que en este caso, se está ante un caso grave, que refleja el abuso en que incurren algunas empresas privadas cuando se hacen de la concesión de un servicio municipal.
“En este sentido se trata de una responsabilidad, que en primera instancia debería ser resuelta por el municipio conforme a sus atribuciones y responsabilidad, pero no está por demás que analicemos como poder legislativo algunos aspectos de este contrato de concesión.
“Todo basado desde las condiciones y garantías pactadas, la vigencia del contrato que es a todas luces inconstitucional y vulnera los principios de libre competencia; así como las tarifas que pretende aplicar para este ejercicio y que son fijadas de modo unilateral por la empresa”, agregó.
