Del 15 de agosto, cuando se comienzan a recibir, y hasta el 15 de diciembre, cuando se autorizan, el Congreso del Estado definirá qué tasa de incrementos se autorizan para el 2023 en las leyes de ingresos de los 38 municipios de la entidad en virtud de que la inflación está muy alta, la que va desde el 7 al 9.22%.
Ante esta situación económica por las malas políticas públicas tomadas en el país, en la 62 legislatura local se tomarán algunas medidas para que en dichas leyes no se afecte a los ciudadanos y que quienes se ajusten el cinturón sean las autoridades municipales y estatales y no la gente.
Lo anterior lo destacó la diputada Guadalupe Oyervides, quien comentó que dentro de los acuerdos de la Comisión de Hacienda del Congreso está también el de no autorizar ningún nuevo impuesto a los ayuntamientos, ni a la administración estatal.
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Como presidenta de esta comisión, apuntó que ocho municipios se adelantaron, desde los primeros de julio, por mucho al mandar sus anteproyectos de leyes de ingresos fuera de tiempo, los cuales se regresaron con sus observaciones respectivas porque la Comisión de Hacienda tiene que respetar los tiempos que marca la ley para ello.
Comentó que el Congreso podrá recibir estas leyes de ingresos municipales a partir del 15 de agostos y tienen, desde esa fecha, hasta el 15 de diciembre para dictaminarlos, para que entren en vigor el primero de enero del 2022.
“Desde hace mucho tiempo no se veía que llegaran con mucha anticipación los anteproyectos de ingresos de los municipios, pero que es común cuando haya muchos alcaldes y alcaldesas nuevas que ya quieren concretar sus ingresos pero eso no se puede hacer hasta el tiempo que marca la ley”, agregó.
Por lo anterior, la diputada Oyervides pidió a los alcaldes y alcaldesas tomarse su tiempo para integrar este documento sin prisa y bien elaborado.
“Mientras que los municipios están viendo qué impuestos van a tener y cuáles van a crear, así como es qué es lo que se va hacer, les adelanto que en el Congreso se trabajara con criterios para proteger la economía de las y los coahuilenses, porque se ha decidido que quienes tienen que ajustarse el cinturón son las autoridades y no los ciudadanos”, abundó.
