Desde el Congreso del Estado se solicitó endurecer las penas y/o sanciones contra los servidores públicos que obstaculicen la aplicación de la justicia en los casos de feminicidios, de los cuales tan solo en nueve años, del 2013 al 2022 , en Coahuila se cometieron 162 y solo se han dictado 67 sentencias, teniendo 182 imputados.
Dentro de estos casos, Torreón ocupa el primer lugar en el estado con 39 feminicidios; Saltillo el segundo, con 27; les siguen Piedras Negras, con 21; Ciudad Acuña, con 15; Ramos Arizpe, con 11; Matamoros, con 10, y Monclova, con 9.
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Todo estos datos fueron tomado de las estadísticas con que cuenta la Dirección General de Investigaciones Especializadas de la Fiscalía General del Estado (FGE).
La anterior propuesta la hizo la diputada Teresa Meraz García, al destacar que lamentablemente se sigue violentando a las familias que han sufrido algún feminicidio y que al buscar justicia se enfrentan a una autoridad que aplica prácticas dilatorias en el procedimiento.
En su exposición, la legisladora dio a conocer que los años 2019 y 2020, fueron en los que se presentaron la mayor cantidad de feminicidios, con 24 casos en cada uno.
Además, mencionó que dentro de la victimas están cinco de menos de 10 años; 26 que tenían entre 11 y 20; 42 de los 21 a los 30, y 47 entre los 31 y los 40 años, mientras que el resto iban de los 41 de en adelante.
Ante esta situación, externó que es necesario que los servidores públicos que hagan este tipo de argucias sean inhabilitados y tengan consecuencias más severas.
“El feminicidio es considerado la forma más extrema de violencia contra la mujer y una de las manifestaciones más graves de la discriminación, porque además de generarle la muerte se busca ridiculizarlas y humillarlas”, abundó.
