Las reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía del Estado aprobadas por el Congreso de Estado, establecen como obligación de la instancia de procuración de justicia cuente con personal certificado como traductores o intérpretes de lenguas indígenas y así favorecer los Derechos Humanos de las personas con el debido proceso, explicó la diputada Gabriela López Hernández.
“Ha sido un pendiente por muchos años en favor de nuestras comunidades indígenas”, consideró una vez que la Comisión de Justicia sometió a discusión del Pleno el dictamen.
Contar con intérpretes satisfacerá necesidad social e institucional de los servicios
Gabriela López Hernández, diputada del PRI
La legisladora, explicó que las condiciones de vida de la población indígena mexicana y particularmente del Estado, no son las mejores, en especial en lo que se refiere a derechos fundamentales, como el acceso a la información, el derecho a una defensa justa o la prestación adecuada de los servicios públicos y primordialmente la falta de entendimiento por el lenguaje representa uno de los principales factores.
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“El contar con intérpretes de lenguas indígenas será un apoyo especializado con el propósito fundamental de satisfacer la necesidad institucional y social de los servicios de interpretación y traducción en lenguas indígenas, en materia de procuración, administración e impartición de justicia”, puntualizó.
En este sentido, Hernández López consideró que todos los hablantes de lenguas indígenas en el país y del Estado, tienen el derecho de utilizar su lengua materna en cualquier ámbito de la vida pública y privada, porque en caso contrario se viola un derecho humano fundamental.
Agregó que el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional ha mantenido un gran interés en favor de esta causa tan justa, a través de las reformas a Ley General de los Pueblos y Comunidades Indígenas, Ley Orgánica de la Administración Pública, Ley de Educación del Estado, Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Ley para la prevención, Atención y Erradicación de la Trata de Personas y la Ley de Salud del Estado.