El presidente de Canacintra Coahuila Sureste, Eduardo Garza Martínez, insistió ante el Gobierno Federal para mejorar las condiciones de seguridad y en particular se refirió a las extorsiones en la frontera de Tamaulipas a empresarios.
Comentó sobre la queja de industriales de Reynosa y Matamoros, Tamaulipas, que ahora deben pagar un arancel al crimen organizado, por maniobras de importación y exportación de mercancías.
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Puntualizó que en lugar de impulsar reformas legales inútiles, desde el Gobierno Federal se deben garantizar condiciones de seguridad y certeza para las inversiones y a las empresas, que son quienes generan empleos en el país.
Citó el caso particular de Coahuila, donde el gobernador Manolo Jiménez Salinas, recién informó sobre su plan de reforzar la seguridad en la zona desértica, con cuarteles para el Ejército y la Policía Estatal, en el ejido San Miguel y Boquillas del Carmen, para la vigilancia en esos límites con Chihuahua.
Consideró inadmisible que ocurran ese tipo de extorsiones en la frontera de Tamaulipas, por lo que pidió respuesta al Ejército, Guardia Nacional y la Policía Estatal de esa entidad.
Bajo estas condiciones, dijo, ese tipo de aranceles para el crimen organizado encarecen el precio de los productos.
