/ lunes 4 de marzo de 2019

Destinaron a Partidos recursos del erario público

De 2014 a 2017 la suma llegó a los 29 millones 287 mil pesos

Piedras Negras, Coahuila.– Piedras Negras está dentro de los municipios de Coahuila que realizaron de manera ilegal retenciones de cuotas a empleados municipales, con el fin de destinarlas a partidos políticos. De 2014 a 2017 la suma llegó a los 29 millones 287 mil pesos.

Indican que Piedras Negras ejerció durante dos años estas retenciones, junto con Monclova, Nadadores, Sabinas, Zaragoza, Matamoros, San Juan de Sabinas y San Pedro.

En un informe de la Auditoría Superior del Estado (ASE), dice que en los últimos cuatro años se han registrado retenciones a empleados en setenta auditorías realizadas a municipios.

De los 29.2 millones de pesos retenidos a empleados municipales, 19.5 millones se realizaron en administraciones priístas, 7 millones en administraciones de Acción Nacional, 2.4 millones durante una administración del Partido Verde Ecologista y 265 mil pesos durante administraciones a cargo de Unidad Democrática de Coahuila.

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En el caso de los municipios reincidentes, en los cuatro años, estos fueron: Cuatrociénegas, Francisco I. Madero, General Cepeda, Hidalgo, Lamadrid, Nava y Parras de la Fuente.

Los municipios que reincidieron en tres de las cuatro auditorías son: Frontera, Morelos, Arteaga, Guerrero, Ramos Arizpe y Sacramento.

Estas retenciones se hacen pese a que no existe ningún fundamento legal, y transgreden lo establecido en el artículo 16 Constitucional, que indica que los funcionarios sólo pueden ejercer sus actos conforme lo que la propia ley establece, con las facultades y obligaciones que ésta determina.

El artículo 286 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, prevé los casos en los cuales la autoridad municipal puede realizar retenciones, descuentos o deducciones de manera directa al sueldo de los trabajadores, y en ninguna de ellas se establece el concepto de cuotas partidistas o similares.

En el 2015, el municipio de Torreón, realizó retenciones voluntarias a trabajadores para destinarlas a la Fundación Colosio del PRI. Al hacerse público, el INE y el tribunal electoral pidieron suspender de inmediato la práctica.

Mientras que la Auditoría Superior del Estado (ASE) presentó una relación de los municipios que realizaban la misma acción. Ese mismo año durante la presentación de la cuenta pública de 2014, el auditor Armando Plata Sandoval, dijo que los municipios que reincidieran serían denunciados.

En la cuenta pública 2017, el auditor pidió al Congreso Local legislar en la materia para establecer castigos claros a las autoridades municipales que efectúen retenciones a servidores públicos y los transfieran a los partidos políticos utilizando infraestructura gubernamental.

Impugnan Partidos entrega de recursos al PRD

Morena, el PAN y el Partido UDC de Coahuila impugnaron ante el Tribunal Electoral del Estado la resolución emitida para incluir al PRD en el reparto de prerrogativas para 2019.

Los tres partidos mostraron inconformidad porque el PRD accediera a un financiamiento de 9.5 millones de pesos de la bolsa para plataformas políticas. Esto derivó en que los tres partidos recibieran menos dinero.

Las inconformidades serán revisadas en la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

El PAN y UDC estipularon que debió prevalecer la Ley General de Partidos Políticos por encima del Código Electoral, como hizo el tribunal local para otorgar financiamiento el PRD.

Piedras Negras, Coahuila.– Piedras Negras está dentro de los municipios de Coahuila que realizaron de manera ilegal retenciones de cuotas a empleados municipales, con el fin de destinarlas a partidos políticos. De 2014 a 2017 la suma llegó a los 29 millones 287 mil pesos.

Indican que Piedras Negras ejerció durante dos años estas retenciones, junto con Monclova, Nadadores, Sabinas, Zaragoza, Matamoros, San Juan de Sabinas y San Pedro.

En un informe de la Auditoría Superior del Estado (ASE), dice que en los últimos cuatro años se han registrado retenciones a empleados en setenta auditorías realizadas a municipios.

De los 29.2 millones de pesos retenidos a empleados municipales, 19.5 millones se realizaron en administraciones priístas, 7 millones en administraciones de Acción Nacional, 2.4 millones durante una administración del Partido Verde Ecologista y 265 mil pesos durante administraciones a cargo de Unidad Democrática de Coahuila.

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Los municipios que reincidieron en tres de las cuatro auditorías son: Frontera, Morelos, Arteaga, Guerrero, Ramos Arizpe y Sacramento.

Estas retenciones se hacen pese a que no existe ningún fundamento legal, y transgreden lo establecido en el artículo 16 Constitucional, que indica que los funcionarios sólo pueden ejercer sus actos conforme lo que la propia ley establece, con las facultades y obligaciones que ésta determina.

El artículo 286 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, prevé los casos en los cuales la autoridad municipal puede realizar retenciones, descuentos o deducciones de manera directa al sueldo de los trabajadores, y en ninguna de ellas se establece el concepto de cuotas partidistas o similares.

En el 2015, el municipio de Torreón, realizó retenciones voluntarias a trabajadores para destinarlas a la Fundación Colosio del PRI. Al hacerse público, el INE y el tribunal electoral pidieron suspender de inmediato la práctica.

Mientras que la Auditoría Superior del Estado (ASE) presentó una relación de los municipios que realizaban la misma acción. Ese mismo año durante la presentación de la cuenta pública de 2014, el auditor Armando Plata Sandoval, dijo que los municipios que reincidieran serían denunciados.

En la cuenta pública 2017, el auditor pidió al Congreso Local legislar en la materia para establecer castigos claros a las autoridades municipales que efectúen retenciones a servidores públicos y los transfieran a los partidos políticos utilizando infraestructura gubernamental.

Impugnan Partidos entrega de recursos al PRD

Morena, el PAN y el Partido UDC de Coahuila impugnaron ante el Tribunal Electoral del Estado la resolución emitida para incluir al PRD en el reparto de prerrogativas para 2019.

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