Debido a la centralización del presupuesto federal y la limitación de los recursos a los estados, lo que se viene haciendo desde hace seis años y que en este sexenio parece que va a ser igual, la diputada Zulmma Verenice Guerrero Cazarez, señaló que es el momento de que Coahuila analice la salida del Pacto Federal.
Mencionó que esa sería la mayor protesta por la falta de apoyo federal para la entidad, pero que para tomar esta decisión se requiere de un frente común, donde estén diputados y diputadas federales y locales, los gobiernos locales y municipales, la sociedad civil organizada, ciudadanos y los sectores obrero y empresariales, entre muchos más.
“Unidos y coordinados, tomados de la mano, podemos enfrentar este desafío financiero para garantizar el bienestar de las y los habitantes del estado”, al tiempo de enfatizar que:
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“En Coahuila impera la necesidad de transitar hacia un esquema más equitativo, donde se reconozcan las contribuciones económicas de la entidad y de otros estados productivos, pero que también considere las necesidades sociales y el desarrollo integral de la región”, abundó.
Guerrero, mencionó que Coahuila, gracias a su robusta economía basada en la industria manufacturera, la minería y la producción de energía, es una de las entidades que más contribuyen al sistema fiscal federal, ya que estas actividades económicas generan importantes ingresos por concepto de impuestos como el IVA, el ISR y el IEPS, los cuales son recaudados por la Federación.
Mas sin embargo, aseguró que a pesar de esta significativa aportación, el estado enfrenta un evidente desequilibrio en la redistribución de recursos, ya que recibe una proporción mucho menor de lo que aporta derivado del modelo actual.
Esto limita de la capacidad del estado para invertir en infraestructura, servicios públicos y programas sociales que fortalezcan el bienestar de su población.
Habló de que el pacto fiscal federal establece los acuerdos que permiten coordinar la recaudación, administración y distribución de los ingresos públicos entre la Federación y las entidades federativas.
El mismos se consolidó en 1980 con la creación de la Ley de Coordinación Fiscal, cuyo objetivo principal fue centralizar los impuestos más importantes como el IVA y el ISR en manos del gobierno federal.
A cambio, se establecieron mecanismos para redistribuir esos recursos hacia los estados y municipios mediante fondos de participaciones y aportaciones, este modelo buscó fortalecer la capacidad financiera de los gobiernos locales, especialmente en las entidades con menores ingresos propios.
Pero este esquema ha generado desigualdades y tensiones entre las entidades federativas, ya que estados con mayor actividad económica, como Coahuila, aportan más al sistema, pero reciben una proporción menor de los recursos federales, mientras que otros estados con menos ingresos dependen casi en su totalidad de las transferencias federales.
