Saltillo, Coahuila.- José Rocha Medina, diputado del grupo parlamentario por el Partido Acción Nacional (PAN) lanzó una iniciativa de Reformas al Código de Procedimientos Civiles para el Estado, donde plantea que, en los juicios seguidos ante la autoridad jurisdiccional en materia civil del Estado, en donde intervenga una persona con alguna “diversidad funcional intelectual o discapacidad” que le impida el conocimiento del alcance legal de las resoluciones, la sentencia que se dicte en dicho juicio deberá redactarse bajo un formato de lectura fácil, a fin de que esa persona conozca y entienda la trascendencia legal de la misma.

Para garantizar a las personas con discapacidad el derecho humano de acceso a la justicia en condiciones de igualdad, el Estado debe procurar que se lleven a cabo todas las medidas necesarias para que puedan participar en los procedimientos en igualdad de condiciones.

Personas con discapacidad tienen derecho de acceso a la justicia en condiciones de igualdad

José Rocha Medina, diputado del PAN

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Por otro lado, agregó Rocha Medina, el término “diversidad funcional” es una distinción alternativa al de discapacidad, mismo que puede reemplazar como sinónimo y que ha comenzado a utilizarse por iniciativa de diversos sectores, entre los que se encuentran algunas de las personas afectadas y la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación, como ya lo pudimos observar.

La concepción de la igualdad como garantía genérica del orden normativo nacional e internacional, es esencial para la salvaguardia de los derechos humanos y se traduce en una amplia obligación a cargo del Estado para asegurar el libre y pleno ejercicio de dichos derechos.

El diputado panista dijo que, como parte de los derechos con que cuentan las personas con discapacidad se encuentran los que se contemplan para, su particular situación, en el acceso a la impartición de justicia en condiciones de igualdad.

La Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece que a fin de promover la igualdad y eliminar la discriminación, los Estados adoptarán las medidas para asegurar la realización de ajustes razonables; además de obligar a que también se adopten las medidas adecuadas para proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica.