Durante una movilización de protesta pacífica, integrantes del ejido Zaragoza demandaron públicamente la intervención de las autoridades federales competentes a fin de que se ponga fin y se sancionen los hechos de corrupción que, aseguran, han impedido que se haga justicia a su favor y en contra de quienes se niegan a reconocer sus legítimos derechos como ejidatarios mientras lucran con la venta tierras que se supone son de uso y propiedad común.
Se refirieron a que a pesar de que llevan casi seis años esperando que se haga justicia en procesos judiciales y administrativos, hasta ahora sigue sin emitirse sentencia o fallo alguno, lo que atribuyen a que quienes lucran a costa de los auténticos ejidatarios están en contubernio con las autoridades locales de la Procuraduría Agraria, el Tribunal Agrario y el Registro Agrario Nacional.
Los señalamientos en ese sentido los hicieron Francisco Muñoz Melchor, José Gerardo González Rodríguez y Gabriela Gómez Cháirez a nombre de los 15 ejidatarios inconformes, al encabezar la movilización que se inició en la explanada de la Plaza Mayor frente a la presidencia Municipal y que continuó luego por una marcha con paradas en las sedes de las tres citadas instancias agrarias.
Explicaron que el problema que enfrentan se originó hace cerca de 22 años, luego de que Lidia Saldaña Rivera tomó el control de la directiva del ejido, de la que desde entonces siempre ha formado parte como presidenta de comisariado, secretaria, tesorera o en algún otro cargo, pero siempre pretendiendo imponer el control, para lo cual empezó por desconocer como ejidatarios, mediante un supuesto acuerdo de asamblea, a un grupo de 15 personas, algunas de las cuales lamentablemente ya murieron.
Aseguran que Saldaña cuenta con el respaldo en calidad de asesora de Elizabeth Estrada Macías, líder de la Central Campesina Cardenista, y sostienen que es ella quien ha logrado entrar en contubernio con las autoridades de las instancias agrarias para evitar que se les restituyan sus derechos como ejidatarios.
Se mencionó de manera insistente que, mientras tanto, no deja de ingresar al ejido recursos económicos que son producto de la venta directa o afectaciones de tierras de uso común, y que ese dinero es repartido pero sólo en una mínima parte al único grupo de ejidatarios reconocidos por Saldaña y Estrada.
“Es por eso que pedimos la renuncia de los delegados y subdelegados a nivel estatal y en Torreón de la Procuraduría Agraria y del Registro Agrario Nacional, y que sean investigados por claras sospechas de contubernio”.
