Saltillo, Coahuila.- En sesión solemne del Pleno de la Sala Superior fue electo por unanimidad el magistrado Jesús Gerardo Sotomayor Hernández como presidente del Pleno y del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza.
En cumplimiento con el artículo 26 de la ley orgánica del Tribunal, las magistradas Sandra Luz Rodríguez Wong, Sandra Miranda Chuey, María Yolanda Cortés Flores y el magistrado Alfonso García Salinas eligieron al nuevo presidente, que ocupará el cargo durante el periodo de septiembre de 2022 a septiembre de 2027.
La sesión estuvo encabezada por el magistrado Alfonso García Salinas, quien otorgó la palabra a la magistrada Sandra Luz Rodríguez Wong, para entregar el Libro Blanco con el que concluye su gestión al frente del Tribunal y quien destacó los logros alcanzados en las áreas jurisdiccional y administrativa, en los últimos cinco años.
Por su parte, al asumir la nueva encomienda, el magistrado Jesús Gerardo Sotomayor Hernández, agradeció el nombramiento y estableció el compromiso de continuar con las acciones para fortalecer a este órgano jurisdiccional autónomo.
Sotomayor Hernández es Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Coahuila, Unidad Torreón y fungió como titular de la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal.
Se ha desempeñado como Subsecretario de Asuntos Jurídicos en el Ayuntamiento de Torreón, como Director del Instituto del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Parlamentarias del Congreso del Estado y Presidente del Colegio Regional de Abogados de la Laguna.
En la sesión solemne estuvieron presentes el Secretario de Gobierno de Coahuila, Fernando De las Fuentes Hernández, el presidente del Congreso del Estado, Eduardo Olmos Castro, el Presidente del Poder Judicial del Estado, Miguel Mery Ayup, así como familiares del presidente electo.
El Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza se mantiene como un órgano jurisdiccional encargado de resolver controversias derivadas de actuaciones por parte de autoridades estatales, municipales y de sus organismos descentralizados, por medio de sentencias apegadas a derecho.
