En el Congreso atendemos a los grupos más vulnerables y especialmente a personas con discapacidad y adultas mayores, como prioritarios y que van primero, aseguró el Diputado Enrique Benítez, al destacar que en el primero de estos segmentos se aprobó una legislación completa y nueva, destacando cambios importantes en materia laboral y educativa.
Explicó que se aprobó que autoridades y patrones garanticen el derecho de las personas con discapacidad, sin discriminación, a la reinserción laboral con condiciones de trabajo accesibles, sanas y seguras, conservando su empleo y progresando en el escalafón como en la remuneración recibida.
Dijo el legislador que se afirmó como obligación de autoridades educativas la implementación de proporcionar material didáctico idóneo a niñas, niños y adolescentes con discapacidad, en condiciones de no discriminación en el entorno escolar, con personal docente capacitado, para garantizar educación inclusiva y lengua de señas como herramienta para discapacidad auditiva. Se obligó también a fomentar su inclusión cultural y asegurar el ejercicio de sus derechos con acciones para prevenir ocultación, abandono, negligencia, discriminación o abuso, promoviendo actividades artísticas y haciendo los ajustes razonables para equipamiento de instituciones.
Luis Enrique Benítez Ojeda expuso también que se aprobó la oportuna canalización de las personas con discapacidad en todos los niveles del sistema educativo, verificando el cumplimiento de las normas para su integración y eliminando barreras y obstáculos físicos, de comunicación y actitud, que dificultan su capacidad para tener participación en la sociedad.
En cuanto a las y los adultos mayores refirió que se les protegió al definir el concepto de abandono para efectos de la obligación que tienen familiares en su cuidado, fomentando el deber de apoyo, auxilio y protección con sentido de solidaridad y corresponsabilidad, atendiendo su salud física y mental, procurando que permanezcan en el hogar del que forman parte y que sólo por decisión personal, enfermedad o causas de fuerza mayor ingresen en instituciones para su atención, reconociendo desde los municipios su derecho al acceso a tecnologías de la información y servicios de radiodifusión y comunicación
