Durango.- Las autoridades correspondientes, en este caso Protección Civil y la Secretaría de Salud, deben hacer algo para que estas sucursales del infierno, disfrazadas de anexos o centros de rehabilitación, garanticen el respeto a los derechos humanos, y quien no lo haga reciba la sanción adecuada, que puede llegar a la clausura, antes de que ocurra una tragedia de mayores dimensiones.

En los últimos años ha aumentado alarmantemente el número de centros clandestinos, más conocidos como granjas o anexos, que no cuentan con los estándares mínimos de operatividad y existen marginalmente, pese al conocimiento documentado de las autoridades, como sitios de confinamiento a petición personal o familiar.

Violencia, maltrato e injusticia es lo que predomina en los llamados centros de rehabilitación o anexos, que más que eso parecen cárceles o incluso jaulas para adictos.

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El anexo, descuidado e impune, se construye bajo una falsa promesa de rehabilitación que oculta lo que realmente es; el lugar donde se esconde lo que la sociedad considera la basura social; lejos de la mirada de su doble moral.

Esa moral que, so pretexto de rehabilitar y sanar, en realidad castiga y deja una marca destructiva e indeleble en la persona que ahí se atiende; ¡ojo!, no estamos hablando de todos, pero sí de una mayoría, por eso es importante que se intensifiquen los operativos de verificación, para evitar que estas malas prácticas continúen.

Lamentablemente, a decir de las mismas personas que han estado en este tipo de lugares, después de vivir esta experiencia solo tienen cuatro destinos: recaer, la cárcel, el manicomio o la tumba.

El adicto es un enfermo, y debe ser tratado como tal, en condiciones dignas y humanas, de no ser así, habrá que comenzar a cerrar todos estos lugares.