Raya en un descaro total la forma en la que se busca lucrar políticamente con los recursos federales y especialmente con la manipulación de los programas sociales en la intención de favorecer a los partidos afines al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador rumbo a los comicios que se celebrarán el 4 de junio en Coahuila, lo mismo que en el Estado de México, declaró el diputado José Antonio Gutiérrez Jardón.
De hecho, el legislador coahuilense consideró que resulta absurdo que desde los partidos que respaldan el proyecto de la llamada Cuarta Transformación se pretenda exigir a las autoridades estatales de ambas entidades que no utilicen recursos públicos con fines electorales al advertirles que estarán bajo la lupa, cuando justo eso es lo que se hace, pero desde el gobierno federal.
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“Nosotros vemos que abiertamente y descaradamente no respetan la ley electoral”, dijo al referirse a las situaciones que, sostiene, ya se han hecho notar y que se han advertido como actos anticipados de campaña, como también en el proselitismo que realzan a su favor las llamadas “corcholatas” que aspiran a suceder a López Obrador en la Presidencia de la República.
“Cómo pueden hablar de eso cuando se ve que ellos con un descaro total utilizan los recursos públicos para andar en campaña, y no lo están haciendo ahorita, lo vienen haciendo desde hace más de un año”, agregó.
En ese sentido Gutiérrez Jardón dijo que, “como el bien juez por su casa empieza, vamos nosotros a exhortar al Gobierno Federal a que se baje de las campañas y que entienda que los programas sociales no son para amedrentar a la ciudadanía ni amenazar de que si no votan por el partido oficial les van a quitar los apoyos, porque es totalmente falso lo que están haciendo”.
Habló asimismo de que las prácticas irregulares por parte de los morenistas y sus aliados ya se hicieron notar en Coahuila en el proceso electoral del 2021, posteriormente el año pasado en el vecino estado de Durango y en los últimos meses se han vuelto a acentuar en esta entidad, por lo que el llamado es a que el gobierno federal saque las manos del proceso.
