Gómez Palacio, Durango.- La Diputada Local, Sandra Amaya Rosales, apoyó la iniciativa que ya fue aprobada a nivel federal sobre poner candados a las candidaturas para aquellos que hayan infringido la ley como deudores alimentarios, agresores de género y feminicidas.
Enfatizó que esta iniciativa ya fue aprobada a nivel federal, “ahorita la ley o permite que ningún agresor ocupe ningún espacio público, eso lo sabemos, ya está aprobada en el congreso del estado, pueden presentar los otros diputados algunas otras iniciativas que vengan a ayudar la iniciativa que ya presentamos como por ejemplo cambiar algunos artículos o reforzar”, expuso.
Reprobó que a algún agresor se le vaya ocurrir participar en esta contienda electoral, “no podemos tener a ningún agresor en el poder, aquel que ha hecho algún tema de violación, agresión a alguna mujer, algún feminicidio, ni siquiera debe estar en la calle, debe estar en la cárcel, pero hablando del tema de agresores no puede ser candidato, no podemos tener ningún candidato en primer nivel, eso ya lo sabemos”, añadió.
Dijo que en lo que tiene que ver con la patria potestad viene a reforzar esta iniciativa, “nosotros presentamos hacer poco una iniciativa que nos dice que nosotros tenemos que tener un padrón dentro del DIF que aquel que tenga algún adeudo de pensión alimentaria o puede ser ningún tipo de candidato, no puede estar el poder.
AVANZAN REFORMAS A FAVOR DE POLICÍAS EMBARAZADAS
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Los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado que preside la diputada Sandra Amaya Rosales, realizaron el análisis de dos iniciativas de reforma a la Ley de Seguridad y a la Ley de Victimas del Estado.
Durante la mesa de trabajo, las y los diputados aprobaron el dictamen que modifica la Ley de Seguridad Pública del Estado, con la finalidad que las policías embarazadas y e situación de maternidad puedan cambiar sus funciones en áreas que no pongan en riesgo su vida. “Las trabajadoras embarazadas o en situación de maternidad deben gozar de especial protección, incluyendo la estabilidad en el empleo”, coincidieron las y los legisladores.
“El proyecto de dictamen establece que esta protección hacía las mujeres en situación de maternidad, trata de lograr una garantía real y efectiva a favor de las mismas, de tal manera que cualquier decisión que se tome contraviniendo el marco constitucional y convencional, será ineficaz, por implicar un trato discriminatorio proscrito en los marcos jurídicos acorde con el derecho a la igualdad sustantiva de la mujer embarazada”.
