Gómez Palacio, Durango.- Un grupo de siete exfuncionarios de la pasada administración, se reunieron ayer en el Centro de Convenciones Posada del Río, a fin de hacer una serie de aclaraciones sobre las presuntas inconsistencias administrativas presentadas por la actual gestión municipal que encabeza la alcaldesa Marina Vitela Rodríguez, como resultado del proceso de entrega-recepción pasado y lo exponen ante la ciudadanía gomezpalatina para que haga sus propias conclusiones.

La presentación la realizó el ex síndico municipal, José Lorenzo Natera, quien explicó a los medios de comunicación, que cada quien tendría su espacio para ofrecer sus razones, aunque no se permitieron preguntas y respuestas.

Asistieron exfuncionarios por Catastro, Juan José Ramírez Ortiz; por Sideapa, Adelmo Ruvalcaba Nieto; por Servicios Públicos, Juan Salazar; Javier Calderón, ex contralor; por tesorería Oscar García; Aidé Román (hoy regidora) quien estuvo en Sistemas y Francisco Bardán, ex oficial mayor y en la actualidad regidor.

El primero en dar información, fue el extesorero municipal, Óscar García Villarreal, quien cargó con el 60 por ciento de las aclaraciones, y al respecto destacó en un primer punto, que las cuentas públicas del 2016, 2017 y 2018, fueron aprobadas por la Entidad de Auditoria Superior (EASE) y por el Congreso del Estado.

Además sostuvo que el contrato con la consultoría fue por los 3 años de la administración y aseguró que tienen la facultad de adecuar el presupuesto siempre y cuando éste sea aprobado por el cabildo, lo que en este caso, así pasó.

Expuso también que se les pagó todo antes de que concluyera la gestión porque de lo contrario se harían acreedores a sanciones.

En el rubro de ayuda social, mencionó que los cheques que se emitieron son legales y que se hizo de esta forma para evitar incurrir en el supuesto de delitos electorales.

Al hablar sobre el no pago al ISSSTE reveló que hubo algunos problemas con el Instituto al no aceptar partidas que el ayuntamiento ya había realizado en el ejercicio del 2016, logrando al final llegar a acuerdos, lo que se logró el 30 de agosto, es decir un día antes de la conclusión de la administración por lo que no fue posible hacer el pago.

No obstante, el extesorero señaló que se dejó el recurso suficiente para hacer el pago, e incluso afirmó que el mismo les recomendó a la nueva administración que pagaran a la brevedad y por tal motivo desconoce porque no lo hicieron.

En lo que al fondo de ahorro de los trabajadores se refiere, expresó García Villarreal, que se pagaron las quincenas del 1 al 10 y que solo quedaron pendientes 6 quincenas por pagar en diciembre de 2019 como siempre se realiza, lo cual se debió cubrir en las dos participaciones federales que llegan precisamente en diciembre, pero tampoco se hizo.

En su intervención, Juan José Ramírez Ortiz, exdirector de Catastro, Municipal, señaló que en la comparecencia a la que fue citado, cumplió con la respuesta a las cinco aclaraciones que le pidieron y es fecha que no le dan respuesta al respecto.

De la misma forma Aidé Román, entonces titular del área de informática, sostuvo que los señalamientos de que no había resguardos de la base de datos, son falsos, “pues de ser cierto no estarían recibiendo los pagos del predial, y por ello considero, que se hizo un juicio irresponsable que ha afectado mi imagen como servidora pública”.

En lo que toca al ex oficial mayor, Francisco Bardan, negó que existieran irregularidades en las 130 acciones de los cuartos para baños y en las 2023 lámparas que se instalaron en el área rural, al asegurar que los contratos con los proveedores están claramente especificados, además de que los vendedores de ese tipo de tecnología LED, siguen en total estado de indefensión pues nunca fueron citados por la contraloría municipal para que hiciera las aclaraciones pertinentes, y en este sentido se dice que hasta penalmente los habrán de acusar, lo que es ilógico.

Por su parte Juan Salazar Reyes, explicó en el caso de las lámparas “que lo de si él brazo de la luminaria era abatible o no, fue una opción que consideran desechar, dado que al instalarse en 76 comunidades rurales no era necesario que contaran con esa característica y ello se hizo por cuestiones técnicas”.

Finalmente, el exdirector del Sideapa, Adelmo Ruvalcaba, aclaró que el pago que se hizo de más de 900 mil pesos, no era para comprar medidores sino para instalar un modelo de telemetría que permite monitorear el estado de los pozos y cuyos resultados llegaban a una computadora del sistema y a los teléfonos celulares de los ingenieros.

En cuanto a los más de 73 millones de pesos que se ejercieron en obras, sostuvo que todos fueron licitados y solo 3 fueron adjudicación directa, pero debido a situaciones de emergencia que se dieron como el caso de la aparición de la dolina.