Si los ex presidentes cometieron algún delito que se proceda en contra ellos. No es necesario realizar una consulta. La aplicación de la ley no se somete a consulta, en esos términos se han expresado especialistas en derecho y ministros en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por eso jurídicamente no tiene sentido convocar a ese ejercicio de participación ciudadana, comentó Cecilio Campos, dirigente del PRD municipal

"Quienes la promueven lo que pretenden es politizar la ley y manipular el combate a la corrupción para obtener ventajas electorales, en su obsesión por mantener a toda costa la concentración del poder".

Juegan con la opinión pública para tratar de empatar la consulta con el proceso electoral de 2021, sabedores que su partido está a la baja en las preferencias electorales, que a los mexicanos les atrae la posibilidad de castigar a los ex mandatarios y que la mayoría no sabe que legalmente es innecesario efectuar ninguna consulta para hacerlo.

Dijo que si hubiera elementos para procesarlos simplemente se les tiene que investigar, y la fiscalía decidir si judicializa los casos.

El combate a la corrupción es la columna vertebral del Gobierno Federal. Politizar la aplicación de la ley es incompatible con ese objetivo, y va en contra del discurso transformador de la 4T. Engañar y manipular también es corrupción.

En el supuesto y jurídicamente improbable escenario de que la consulta se llevara a cabo, tendría muchas dificultades operativas y financieramente es inviable por costosa.

Según advierte el Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova,

la eventual consulta popular para enjuiciar a ex presidentes generaría complicaciones y gastos adicionales, agregó.

Señala que, si se realiza el año entrante, se necesitarían los mismos recursos materiales y humanos que en las elecciones intermedias.

También resulta contradictorio que el Presidente de la República haya presentado la propuesta para realizar dicho ejercicio ciudadano, y ahora dice que votaría en contra de castigar a los mandatarios que le antecedieron.

Hacer valer el estado de derecho no depende de consultas ni de la opinión personal de nadie. Es una obligación esencial de las instituciones democráticas y debe estar por encima de cualquier interés político, subrayó.