Gómez Palacio, Durango. - Con la sentencia que otorgó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se invalida por unanimidad de los Magistrados lo que se llamó Ley Bonilla, en la cual el Congreso del Estado de Baja California ampliaba de mutuo propio el periodo del actual Gobernador de 2 a 5 años, hoy se envía un claro mensaje de certeza electoral a todas y todos los ciudadanos, no sólo de ese estado, sino de todo el país, donde se respetará la decisión que la ciudadanía haga al emitir su voto libre en las elecciones que se convoquen a través de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES).
Lo anterior lo manifestó el diputado local Pablo César Aguilar Palacio, quien agregó que desde que él conoció la promulgación de la Ley, en la cual las y los Legisladores de ese estado extendían el ciclo de mandato del Gobernador Bonilla, para él fue claramente inconstitucional, ya que no se puede pisotear la voluntad popular de quienes acudieron a emitir su voto hace un año, con la creencia de que el candidato que resultara ganador, gobernara por un período de dos años y no los cinco, que quería ampliar el Congreso Local.
Para el legislador Aguilar Palacio, la famosa Ley Bonilla no debió siquiera pasar al Pleno del Congreso de Baja California, ya que estaba viciada de origen y contravenía los más elementales principios democráticos: “fue una violación a la voluntad de la ciudadanía de Baja California", subrayó.
Aguilar Palacio, quien pertenece al grupo parlamentario del Partido MORENA en el Congreso de Durango, dijo que en el ámbito local se analiza la iniciativa presentada a fin de hacer modificaciones a la Constitución Política del Estado de Durango, y "empatar" la elección de Gobernador con la del Presidente de la República, es decir, el periodo del próximo Gobernador de Durango sería del año 2022 al 2024, únicamente duraría 2 años, o bien, como propuesta alterna, se estudia la posibilidad de que el periodo sea de 5 años, a fin de "empatar" la elección de Gobernador con las elecciones intermedias del 2027.
Esto con la finalidad de optimizar los recursos económicos que se emplean en la organización de las elecciones.
Para concluir se dijo sentir satisfecho por la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que nadie puede estar por encima de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.