Gómez Palacio, Durango.- El delegado regional de Programas Federales para el Desarrollo, Sergio Salas Reséndiz, confirmó que se han detectado tres empresas que sin tener a su cargo a quienes conforman el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, cobraban entre 30 y 35 mil pesos mensuales, de ahí que ya se formalice la denuncia penal en su contra.
Estas empresas “fantasmas” están ubicadas en Gómez Palacio y se trata de una tortillería y dos tiendas, aunque no dio a conocer el funcionario federal, ni la ubicación ni los nombres de los defraudadores para no entorpecer las investigaciones que realizan los Servidores de la Nación.
Dijo que supuestamente en la plataforma, tenían reclutados los tres negocios inexistentes, entre 4 y 5 jóvenes, los que obvio no fueron contratados para capacitarse, porque simplemente no hay nombres ni domicilios.
“Nosotros tenemos un padrón de aproximadamente 860 becarios, (Jóvenes Construyendo el Futuro) en la Laguna de Durango y 70 empresas que los albergan, de hecho seguimos haciendo una supervisión por medio de los Siervos de la Nación, precisamente para fiscalizar para que las empresas cumplan con el pago oportuno de los jóvenes y asistan a esas empresas”.
Prueba de ello, es que la semana pasada asistieron a Tlahualillo para realizar un recorrido para supervisar que todo estuviese en orden.
Recordó que las empresas los reclutan, los capacitan y los beca con dinero que reciben del gobierno federal para que les hagan llegar el sueldo, que era antes de 3600 pesos, pero que enero subió 3,748 pesos mensuales.
Todos pueden entrar, es decir sin escuela, para que no estén en las calles, pero son las empresas quienes se encargan de capacitarlos y en donde incluso se gradúan.
En la plataforma los jóvenes se dan de alta, pero ahora se verifica que la empresa exista, cosa que no se hacía antes y por ello, esas tres empresas, aprovecharon para registrarse y dar de alta a 4 y 5 jóvenes cada una, inexistentes por supuesto, cobrando entre 30 y 35 mil pesos los “dueños” de esas empresas “fantasmas”, quienes en breve afrontarán a la justicia, porque esto es un delito federal.
“Hoy, el primero paso, es fiscalizar que la empresa exista, que tenga su razón social, RFC, alta en Hacienda y que cumpla con todos los trámites fiscales, de lo contrario no serán autorizadas y en este caso, son tres microempresas las que fueron detectadas sin lugar ni nombres, trabajando de esta manera desde hace 6 meses.
Hay una plataforma donde se reporta este daño y por lo tanto ya se formalizó la denuncia penal, aunque fueron 30 mil pesos los que ganaban al mes, comentó el funcionario federal.
