Saltillo, Coahuila.- La Delegación Sureste de la Fiscalía General del Estado (FGEC) ya identificó a los presuntos responsables del incendio en la sierra de Arteaga.
De acuerdo con la información proporcionada por el delegado Everardo Lazo Chapa, las investigaciones realizadas apuntan que los supuestos iniciadores del fuego son foráneos.
Lazo Chapa señaló la averiguación está concluida; sin embargo, falta determinar la afectación total, pues el incendio que se originó el 16 de marzo continúa activo y tanto bomberos, elementos del Ejército Mexicano, Marina, Guardia Nacional, Comisión Nacional Forestal, voluntarios y demás siguen esforzándose por sofocarlo por completo.
En el último reporte emitido por autoridades estatales se precisó que hasta ahora 2 mil 700 hectáreas de bosque se han visto afectadas. Asimismo, ya se ha controlado un 45 por ciento (%) del siniestro y se ha liquidado un 20 %.
La gravedad de este suceso, que inició en el paraje de ‘La Pinalosa’, llevó al Gobierno del estado a emitir la Declaratoria de Emergencia para Arteaga consecuencia del inminente desastre natural que pone en riesgo a ciudadanos, visitantes, el patrimonio, así como el desarrollo de los ecosistemas.
Se ha reportado que 120 familias, es decir, alrededor de mil personas, de las comunidades de San Rafael, El Alto, El Baratillo, El Letreto, Rancho Nuevo, Lirios y La Escondida, se han visto afectadas por el hecho.
Las diligencias y el levantamiento de rastros realizado por la unidad de Servicios Periciales, así como de agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) adscritos a la FGE permitió dar con el sitio en el que empezó el incendio por el rumbo de ‘Los Lirios’, donde se hospedaron turistas aprovechando el día festivo.
Ahí los presuntos responsables habrían desechado carbón después de realizar una carne asada, sin percatarse a tiempo que por lo menos uno continuaba prendido y originó el fuego que se propagó rápidamente por las condiciones del suelo.
El fiscal general de la entidad, Gerardo Márquez Guevara, comentó que hasta el momento el caso se judicializaría como delito contra el ecosistema de carácter culposo, lo que podría llevar a los responsables a pasar hasta 20 años en prisión.