Saltillo, Coahuila.- Durante la sesión ordinaria de esta semana en el Congreso del Estado de Coahuila, se aprobó un dictamen dela Comisión de Asuntos Municipales y Zonas Metropolitanas, relativo al punto de acuerdo presentado por la diputada Martha Loera Arámbula, con el objeto de exhortar a los 38 ayuntamientos del estado, para que en la medida de sus posibilidades, fortalezcan las acciones de inspección y vigilancia del servicio de transporte de pasajeros de su competencia, a fin de garantizar el acceso de las personas adultas mayores, personas con discapacidad y con alguna condición de vulnerabilidad.
Asimismo, se les exhorta a los municipios a promover la capacitación de las y los operadores del transporte público en materia de movilidad e inclusión, con el objetivo de brindar un trato de calidad a todos los usuarios.
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La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, asigna a los municipios el deber de impulsar la accesibilidad e inclusión de personas con discapacidad y personas con movilidad limitada a los servicios públicos de transporte de pasajeros.
Algunas circunstancias o actitudes que son formas de discriminación y que desalientan a las personas con discapacidad a utilizar el transporte público y, en algunos casos, les impiden viajar de forma independiente, son:
- Exclusión física, referida a las barreras en el diseño de vehículos, calles, estaciones, paradas de autobús.
- Exclusión social, como las limitaciones de comunicación y poca empatía que pueden tener los ciudadanos.
- Exclusión por parte de la comunidad y funcionarios de transporte(conductores o guardas de seguridad), cuando se niegan a transportara una persona con discapacidad o en su caso a un adulto mayor.
“Si bien nuestro marco legal sienta las bases para el acceso inclusivo e igualitario a los bienes y servicios públicos, es necesario reconocer que cuando se niega el ingreso o disfrute del transporte público a cualquier persona, se está ante un acto de discriminación que debe ser prevenido y en su caso sancionado conforme a la ley. Ante ello, estimamos importante que los ayuntamientos refuercen las medidas de inspección y vigilancia que garanticen el acceso al servicio público de transporte a personas en situación de vulnerabilidad” manifiesta la diputada Martha Loera en el punto de acuerdo que contiene el dictamen aprobado.