El pleno del Congreso del Estado propuso que se castigue a las personas que tengan conocimiento de abusos en contra de menores y no los reporte a las autoridades, al considerar que han sido insuficiente el marco legal para proteger a los niños de cualquier tipo de violencia, porque solo se denuncia 1 de cada 10 casos.
De esta manera, en la sesión de este martes en la 63 Legislatura se dio entrada a la iniciativa para modificar el Artículo 349 del Código Penal del Estado, donde se hace esta proposición de castigar a quien tenga la guarda, custodia, atención, educación o cuidado de la víctima, más cuando se trate más de niños, niños y adolescentes que son violentados.
- Te puede interesar: Álvaro Moreira coordinará desarrollo social en el Congreso
“Esto se aplicará a todos quienes omitan hacer la denuncia ante la autoridad correspondientes al saber o tener conocimiento de cualquier condición o circunstancia que pudiera derivar en una situación de violencia, riesgo, amenaza o cualquier afectación a los derechos de los menores”, se expone en la iniciativa.
Asimismo, en la exposición de motivos, el diputado Álvaro Moreira Valdez expresó que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ubica a México como uno de los países con mayor violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, y señala que aquí se genera 70% de la pornografía infantil en el mundo.
Además, esta organización calcula que cada año hay 5.4 millones de niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual pero que, por cada mil casos, únicamente se denuncian 100, de los cuales tan solo uno de ellos llega a contar con sentencia condenatoria.
Se destacó que la Ley del Sistema Estatal para la Garantía de Niños y Niñas establece la obligación de cualquier persona de informar a la Procuraduría para las Niñas, Niños y la Familia (PRONNIF) cuando tenga conocimiento de que un niño, niña o adolescente sufre maltrato o violencia familiar.
En tanto que el Artículo 349 del Código Penal tipifica el delito de omisión de denuncia, que contempla una pena de uno a seis meses de prisión y de cincuenta a cien días multa a quien conociendo que se está cometiendo un delito permanente o continuado omita dar noticia del mismo a la autoridad, a pesar de poder hacerlo sin que corra peligro personal.
Mientras que la Red de Derechos por la Infancia reveló que en los hospitales del país se atendió por violencia sexual a 9 mil 802 niñas, niños y adolescentes en el 2023.
