Las siete personas que fueron detenidas luego de su participación en el bloqueo del periférico Raúl López Sánchez el viernes por la mañana, continúan en reclusión a disposición del Ministerio Público, y en espera de que su caso sea judicializado para que respondan ante la ley por la obstrucción de la vía pública, tipificada puntualmente en el Código Penal como un delito, en tanto que la autoridad municipal no ha vuelto a establecer comunicación con los campesinos que a través de dicha movilización exigían que se les permitiera continuar regando sus cultivos con aguas negras.
Al informar lo anterior, la Secretaria del Ayuntamiento de Torreón, Natalia Fernández Martínez, quien no descarta que detrás de este asunto haya intereses de carácter político, indicó que si ya no hubo diálogo con los ejidatarios de San Luis fue porque ellos mismos desecharon esa posibilidad al preferir optar por bloquear la importante vialidad en lugar de aceptar la invitación que previamente se les hizo para reunirse en busca de alternativas de solución luego de se les prohibió seguir disponiendo de aguas residuales para uso agrícola.
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La funcionaria aseguró que estuvo plenamente justificada la participación que en este caso, tuvo la policía al haber dispersado a las personas que el viernes mantenían parcialmente tomado el periférico, pues incurrían así en un delito establecido en el artículo 319 del Código Penal en relación con la toma y obstrucción de una vialidad.
Explicó que si se procedió a suspender la irregular derivación de aguas negras hacia tierras ejidales, fue en apego a la legalidad en cumplimiento expreso a una instrucción del gobierno federal a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Igualmente siguiendo a la legalidad, agregó que se tuvo que proceder para liberar el periférico que se mantenía obstruido, con lo cual simplemente se actuó con base en lo establecido dentro del principal eje de acción del actual gobierno municipal, el correspondiente a seguridad y orden. En ese sentido, advirtió que en lo sucesivo cada vez que alguien incurra en un delito de esa naturaleza la administración municipal, dentro del ámbito de sus facultades, no lo va a tolerar.
En relación con el seguimiento legal que se da al caso de las siete persona detenidas, cuyo estado de salud se certificó médicamente sin problemas y sin lesiones a su ingreso a la ergástula municipal, la Secretaria del Ayuntamiento prefirió no abundar en mayores detalles para no interferir en la investigación correspondiente y no violar el debido proceso, por lo que sólo agregó que el municipio busca colaborar en todo lo posible con la Fiscalía del Estado.
En torno a la presunción que previamente esbozó el alcalde Román Alberto Cepeda en cuanto a que detrás del conflicto surgido en el ejido San Luis podría haber algún motivo oculto más allá de intereses legítimos, Natalia Fernández comentó haber recibido información que ya se busca corroborar, con base en la cual no se descarta que haya intereses de orden político, lo cual de confirmarse inmediatamente se hará público.
