A la fecha, la Fiscalía General del Estado, ha recibido 40 denuncias presentadas por familiares de personas diagnosticadas con meningitis, mismas que se realizaron procedimientos quirúrgicos en hospitales privados; en estos casis se centra todo el esfuerzo para fincar responsabilidades en el menor tiempo posible, informó la titular, Sonia Yadira de la Garza Fragoso.
Con el trabajo en conjunto de la COFEPRIS, COPRISED y la Fiscalía General del Estado, recientemente se determinó clausurar tres nosocomios señalados en dichas denuncias, en los cuales, se aseguró medicamento, instrumental y expedientes relacionados al caso.
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La Fiscal apuntó que, de estas denuncias se incluyen 60 pacientes, de las cuales, 11 de ellas no tuvieron diagnóstico positivo a meningitis, pero al conocer que fue el mismo hospital donde realizaron el procedimiento, decidieron mantener la querella, por lo que se continúa con las indagatorias, apuntó la Fiscal.
“En este momento se tienen asegurados más de dos mil 300 expedientes de dichos nosocomios, no precisamente son la cantidad de personas que fueron sujetas a procedimientos quirúrgicos donde hubo bloqueo, sin embargo, se están analizando y en los casos que si hubo bloqueo, se genera una base de datos que se le proporcionan a la Secretaría de Salud del Estado, para realizar el seguimiento de posibles pacientes que pudieran tener afectaciones”, detalló la titular de la FGE.
Explicó que en relación a la primera muerte de una paciente, se tomó la muestra correspondiente en la necropsia para analizar los tejidos, y con motivo de esta toma de muestra, se pudo establecer cuál era el tratamiento ideal que se les daría a las pacientes.
De la Garza Fragoso, mencionó que para enriquecer la investigación, se generó otra base de datos para determinar la paciente, cuando fue el procedimiento, en qué lugar, qué médicos y qué enfermeras participaron, así como el medicamento utilizado y recalcó que este es un trabajo importante en conjunto con COFEPRIS, COPRISED y la Fiscalía General del Estado, porque pudiera haber responsabilidad penal y administrativa contra quien resulte responsable.