Al agotarse una de las líneas de investigación que se abrieron tras el ataque al poblado Villa Unión en manos de integrantes de un grupo criminal, ocurrido el 30 de noviembre del 2019, el resultado fue la identificación y desmantelamiento de una organización que se encargaba de proveer a la delincuencia en México de armas provenientes de los Estados Unidos, informó el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Coahuila, Gerardo Márquez Guevara, al referirse a un importante caso de éxito producto de la colaboración entre autoridades mexicanas y del vecino país del norte.
Si bien no se trata de un caso nuevo, pues se dio como resultado de investigaciones que se desarrollaron durante casi año y medio a partir de marzo del 2020, los resultados fueron reconocidos al ser presentados para su análisis la semana pasada en una reunión de trabajo a la que asistieron, en la capital del país, autoridades encabezadas por el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar.
Fue el miércoles 8 de febrero en el evento “Tendencias en el Tráfico de Armas y Mejores Prácticas eTrace entre México y Estados Unidos”, que la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de los Estados Unidos, informó que, derivado del aseguramiento de 42 armas realizado en Coahuila, se logró detener y procesar judicialmente en el vecino país a 21 personas, resaltando el trabajo y cooperación en materia de seguridad por parte del Estado de Coahuila.
En rueda de prensa, Márquez Guevara explicó que luego del lamentable ataque al poblado de Villa Unión, en el que fueron abatidos 20 delincuentes y perdieron la vida cuatro policías y dos civiles, se logró el aseguramiento de esas 42 armas de fuego calibres 5.56, 223 y 50, mismas que fueron objeto de una serie de diligencias y pruebas en materia de identificación balística de huella y de su registro; y de la mano con personal de la ATF se logró finalmente identificar el lugar en donde fueron compradas las armas e incluso quien las adquirió para así emprender el correspondiente procedimiento penal, en un caso en el que se logró detener a por lo menos 15 personas para sancionarlos debidamente.
De acuerdo con el Fiscal, se llegó a establecer que este grupo de personas había realizado durante seis meses la compra de alrededor de 500 armas en las mismas armerías de Estados Unidos, esto para su distribución entre grupos criminales en México.
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Recordó que por lo que respecta a las autoridades coahuilenses, en relación con los hechos de Villa Unión se logró la detención de 35 personas, de las cuales 10 se encuentran ya sentenciadas por delitos homicidio y privación ilegal de la libertad, con penas condenatorias de hasta 85 años de prisión, además de que también tienen una acusación pendiente en órdenes de aprehensión que están por ejecutarse, para que respondan asimismo por su participación en hechos de terrorismo.
ACUSADOS TAMBIÉN POR TERRORISMO
Luego de que precisamente el tema del terrorismo ha salido a la luz pública porque en Estados Unidos se está promoviendo a que a los narcotraficantes mexicanos se les considere como responsables de ese delito, el titular de la FGE en Coahuila aseguró que eso en esta entidad y en México no es novedad.
“Nosotros ya lo hicimos porque el Código Penal de nuestro Estado contempla esta figura, y quien realice estos actos como los de Villa Unión crea terror entre la población, y en eso consiste precisamente la descripción típica del terrorismo”, agregó.
Por otra parte, aclaró que, si bien se reportan 35 personas detenidas por el ataque a Villa Unión, en realidad fueron capturadas en diferentes momentos cerca de 300, en el entendido de que algunas han recuperado su libertad en relación a la participación mínima que han tenido.
ESTABLECIERON ACUERDOS
Por otra parte, Gerardo Márquez Guevara indicó que al final de la reunión celebrada el miércoles uno de los acuerdos principales que se establecieron es el que contempla impulsar reformas tanto en las leyes mexicanas como en las norteamericanas en el tema de explosivos y armas de fuego, a fin de corregir el hecho de que hay algunas situaciones que no están penalmente sancionadas, como por ejemplo la compra y transporte de piezas en Esdtados Unidos para traerlas a México a fin de ensamblar diferentes tipos de armas.
Igualmente se planteó la necesidad de establecer en las leyes algún tipo de candados y sanciones a fin de frenar la comercialización de pequeños mecanismos que pueden conseguirse incluso vía internet a precios de entre mil y dos mil pesos, que al acoplarlo en una arma corta sencilla, puede convertirla en otra de tipo automático, con disparos de repetición similares a los de una ametralladora, cuestan entre mil y dos mil pesos. Y la idea es incluirlo dentro de las sanciones para evitar que esto ocurra.
