San Luis Potosí. - “Hoy nos unimos 84 Contralorías Autónomas del Agua de 28 estados de la República y la CDMX para conformar la Contraloría Nacional Autónoma del Agua. Cuatro Legislaturas del Congreso de la Unión han incumplido con el mandato del Artículo 4º Constitucional de emitir una Ley General de Aguas que sentaría las bases para el acceso equitativo y sustentable al agua a través de la participación tanto de los tres órdenes de gobierno como de la ciudadanía”, dijo Elizabeth Estrada.
Frente a las crisis hídricas que vivimos en todo el país, estamos ejerciendo nuestros derechos y asumiendo nuestra responsabilidad para la construcción del Buen Gobierno del Agua.
Nos fundamentamos en nuestro Código de Ética, el cual nos exige trabajar por el bien común; respetar y defender la naturaleza, las comunidades y los pueblos; intercambiar saberes y conocimientos; consensar acuerdos y cumplirlos; colaborar con otros procesos organizativos y de contraloría y resolver nuestros conflictos a través de un diálogo abierto.
Celebramos el anuncio por parte de nuestra Presidenta de construir el Acuerdo Nacional para la Seguridad y Sustentabilidad del Agua, el cual busca corregir los graves problemas sociales y ambientales causados por el sistema de concesiones de la Ley de Aguas Nacionales.
Estamos de acuerdo con su propuesta de no permitir la compra y venta de concesiones ni el cambio de usos. Proponemos asignar vigencias máximas a las concesiones y asignaciones asociadas con el derecho humano al agua, la alimentación y la restauración ecológica, y vigencias mínimas a proyectos potencialmente dañinos.
Nos comprometemos con procesos de planeación desde cada región del país para consensar estrategias que desmonten las dinámicas de sobreconcesionamiento, acaparamiento, despojo y tomas ilícitas que resultan en la violación sistemática de nuestros derechos colectivos. En particular señalamos que el sobreconcesionamiento está secando nuestros pozos, manantiales, suelos forestales, ríos y ecosistemas, así dejándonos aún más vulnerables a los extremos del cambio climático.
Confíamos en que el Acuerdo Nacional incluirá a su vez el reconocimiento de los derechos al agua de los pueblos indígenas y afromexicanos en el contexto de las reformas al Artículo 2 Constitucional y de los núcleos agrarios cuyos derechos fueron inconstitucionalmente desconocidos por la Ley de Aguas Nacionales.
Señalamos en particular la necesidad del reconocimiento y apoyo federal para los sistemas comunitarios que están cumpliendo con el derecho humano al agua en contextos de discriminación y hostilidad por parte de sus gobiernos locales. Afirmamos que estos sistemas están realizando funciones que el Estado está rehusando realizar, y por lo tanto requieren ser reconocidos como sujetos colectivos de derecho público.
Celebramos también el compromiso de la Titular del Ejecutivo Federal con el saneamiento y restauración de los ríos Lerma-Santiago, Tula-Salado y Atoyac. Las comunidades e investigadores de la Contraloría Nacional ofrecemos nuestro apoyo, poniendo a su disposición los extensivos análisis científicos que hemos realizado en coordinación con los Pronaces del Conahcyt sobre las sustancias tóxicas presentes en esos ríos, así como de las dinámicas productivas y del manejo de aguas y lodos residuales municipales contaminantes. Las estrategias se basarán en la eliminación de contaminantes en su punto de origen, en la reorganización y una regulación ambiental de cadenas de suministro y los patrones de producción sucia; en la transición hacia una agricultura sin tóxicos, en el tratamiento y reuso de aguas industriales, así como en el fin de la impunidad y la corrupción.
Señalamos la necesidad de reconocer la alta vulnerabilidad de la Peninsula de Yucatán y otros territorios y acuíferos kársticos, así como el riesgo de la intrusión salina por la sobreextracción de acuíferos costeros.
Apoyamos también el compromiso de lograr un aprovechamiento óptimo del agua, con el fin de liberar los volúmenes requeridos para el derecho humano al vital líquido, a través de estrategias que respeten los pueblos, los ríos, los lagos, cenotes y los ecosistemas.
Para lograr este fin, señalamos en primer lugar la necesidad de garantizar los recursos federales y la capacidad técnica requerida para prevenir fugas en las ciudades, dado que según el INEGI se está perdiendo más de la mitad de los volúmenes extraídos para uso público urbano.
Apoyamos la decisión de eficientar el uso del agua por los Distritos de Riego, señalando que la propuesta de tecnificación solo podría liberar volúmenes de agua sin despojo bajo las siguientes condiciones:
a)Prohibiendo la venta de derechos y de “excedentes” así como los usos no agrícolas de las aguas de los DR;
b)Reemplazando las actuales figuras jurídicas acaparadas por grupos de poder con nuevas formas de organización democráticas y transparentes;
c)Erradicando la corrupción en este sector;
d)Revertir la política de transferencia de los DR y de Temporal Tecnificado para que el Estado recupere su papel rector.
Proponemos que la Semarnat ejerza su papel como cabeza de sector, para así poder fomentar políticas de coordinación con la Comisión Nacional del Agua, el Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Comisión Nacional Forestal y Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.
Recomendamos un trabajo a fondo con la CFE para eficientar el uso de las aguas nacionales por las plantas termoeléctricas, siendo el principal uso industrial de aguas nacionales, y para lograr que los pozos ilícitos no cuenten con electrificación.
A su vez es vital lograr una política fiscal entre la CFE y los organismos operadores de sistemas de agua y saneamiento, de modo que la CFE pague los derechos por el uso de aguas nacionales y descargas en cuerpos receptores, y que reinstale la tarifa de servicios públicos cuya desaparición en 2017 está obstaculizando el cumplimiento con el derecho humano al agua.
Confiamos en que esta administración mantendrá la política de no someter proyectos hidráulicos ni la operación de sistemas de agua y saneamiento a las dinámicas de privatización. Se requiere que la Ley General de Aguas siente las bases para nuevos modelos de gestión de los servicios de agua y saneamiento, basados en la transparencia, la eficiencia, el acceso equitativo, el ahorro y reuso, tarifas justas y la participación ciudadana efectiva.
Hacemos un llamado a que el Senado junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores, en consulta con la población fronteriza y en general, consense una política de soberanía hídrica frente a las crecientes presiones sobre los acuíferos y ríos transfronterizos por parte del vecino del norte.
Como primer acto de esta Contraloría Nacional, denunciamos la decisión de Miguel Ángel Navarro Quintero, Gobernador de Nayarit, de revivir el proyecto de la Presa Las Cruces, el cual fue suspendido en 2017 siendo el único río libre en el país. Esta obra acabaría con los lugares sagrados y formas de vida de los pueblos Naayeri, Wixarika, Meshika y Óodam y el arraigo de más de 20 mil familias. Exigimos al gobierno federal la cancelación definitiva del proyecto hidroeléctrico Las Cruces y la abrogación del decreto presidencial del 2014 que reserva el agua del río para generación hidroeléctrica.
Dado que las presas en su primera década generan más gases de efecto invernadero que la generación con base en combustibles fósiles, consideramos que la transición energética no pasa por presas, sino por proyectos descentralizados de generación solar y viento.
De la misma manera, cuestionamos los recientes anuncios de otros gobernadores a favor de proyectos como son la Presa Paso Ancho en Oaxaca, las presas en Río Sonora, así como la consideración de nuevos trasvases hacia el área metropolitana de la Cuenca de México y un posible trasvase desde Veracruz hasta la frontera con Texas. En cada uno de estos casos, confiamos en que el gobierno federal garantizará una revisión pública y profunda de los costos y beneficios hídricos, energéticos, económicos, sociales y ambientales de estas propuestas frente a otras opciones basadas en el ordenamiento, el ahorro, el reuso y la regeneración.
Sustentados en los Acuerdos de Escazú, firmados por México, solicitamos un cese a la criminalización de las personas defensoras, en particular ahora a los integrantes de la Contraloría de Hunucmá, así como el esclarecimiento a fondo de las responsabilidades por los asesinatos de Álvaro Arvizú, Jorge y Alberto Cortina Vázquez, Samir Flores, Noé Salomón Vázquez Ortiz, Manuela Solís e Ismael Solorio entre otros, castigando expeditamente a todos los implicados.
Hoy ponemos en marcha la Contraloría Nacional. De aquí regresaremos a nuestras regiones y estados a seguir fomentando la formación de nuevas Contralorías, para así contribuir al bienestar de nuestra Nación en estos momentos de crisis hídrica, destacó.
