Torreón, Coahuila.- Luego de una serie de controversias en el sentido de que la publicación de los listados de deudores alimentarios y de violentadores familiares no tenía una justificación legal, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila, Magistrado Miguel Felipe Mery Ayup, reiteró que todas las sentencias de estos casos son del dominio público, por lo tanto, sí existe justificación legal para que se publiquen dichos listados, en los cuales aparecen unos 700 nombres de padres incumplidos y violentos.
“No estamos fuera de la ley, pues todas las sentencias son del dominio público, así que no se está violentando los derechos humanos, ni se está poniendo en riesgo a nadie, ahí están los lineamientos que emitió el consejo de la judicatura, los invito a que los lean, pues están conforme al cuidado y protección de los datos personales, pero no hay que olvidar que todas las sentencias son públicas, aún y cuando estás no causen ejecutoria”, recalcó Mery Ayup.
“Todas las sentencias son públicas y vienen a sumar a las acciones afirmativas en favor de las mujeres, para que no exista más violencia, en ese listado hay un poco más de 700 nombres que la ciudadanía podrá consultar sin problema alguno”, aseguro el presidente del Tribunal Superior de Justicia en Coahuila.
- Te puede interesar: Injustificada, publicación de deudores alimentarios y violentadores: Abogados
¿Para qué se publicarán las listas de deudores alimentarios?
Con el objetivo de evitar que una pareja se una en matrimonio sin saber si una de las partes es deudor alimentario, el Congreso de Coahuila recibió una iniciativa ciudadana que plantea hacer obligatorio un padrón que integren directamente los jueces tras una resolución, y cuya consulta sea obligatoria dentro de los trámites para contraer nupcias.
La propuesta es la modificación de diversos artículos en la Ley de Paternidad Responsable y la Ley para Familia, para que el padrón actual que tiene el estado de deudores alimentarios sea público y de fácil acceso a la población desde la plataforma digital.
Así mismo, que no sea necesario que la afectada sea quien solicite dicho registro, sino que el Poder Judicial esté obligado a notificarlo al Registro Civil, instancia que proponen administre la información en internet, tras la resolución de un juez, ya que el padrón actual no coincide con la realidad.