Saltillo, Coahuila.- De alrededor de las 10 mil mujeres que llegan a pedir ayuda o apoyo a los Centros de Empoderamiento que hay en Estado, ninguno de estos llega a ser sentenciados, esto de acuerdo con la directora de la Fundación Luz y Esperanza, Rosa María Salazar, ya que no se les da un seguimiento oportuno por parte del Ministerio Público a los casos de Violencia Familiar que, de acuerdo con el Tribunal Superior de Justicia del Estado, es el segundo delito más cometido en Coahuila.

Rosa María Salazar comentó que, si bien, Coahuila es de los mejores Estados en Procesos Penales en el tema del Poder Judicial, pero el problema de Coahuila está en el Ministerio Público.

En este sentido, las estadísticas marcan que, en promedio, hay de 9 mil a 10 mil mujeres que acuden a los Centros de Empoderamiento, los cuales pasan al Ministerio Público, quienes reciben la denuncia, integrándose la carpeta de investigación para solicitar la audiencia de imputación.

Sin embargo, la directora de la Fundación Luz y Esperanza, dio a conocer que todos estos casos no se judicializa ninguno o, por otra parte, no llegan a la audiencia inicial, ya que, en casos de violencia familiar, no se llega a un juicio porque son sentencias mínimas, en las cuales se busca una medida alterna o no se les da el seguimiento para que se judicialice.

Si bien, uno de los avances que se han presentado en el Estado, es que, en los casos de agresión extrema, es decir, en los casos graves de violencia familiar, en donde existe el riesgo inminente de perder la vida, se tipificó el delito de feminicidio en grado de tentativa, a partir del 2020.

De estos se tienen más de 25 casos del año pasado a este, que fueron detenidos y procesados por el delito de feminicidio en grado de tentativa, que, a diferencia de otros Estados del País, Coahuila es el único que tiene tipificado este delito.

Por tanto, María Salazar, considera que los casos de violencia familiar deben de llegar a la primera audiencia para que se establezcan medidas cautelares contra el agresor y se le den más garantías a la mujer violentada para darles un mayor acompañamiento psicológico y asesoría legal.