Saltillo, Coahuila. - Miriam Cárdenas Cantú subrayó que no se irá del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) sin castigar a los involucrados en los fraudes cometidos contra derechohabiente del Infonavit, mismo que son investigados por el Consejo de la Judicatura para determinar la sanción que requieren, que incluso puede ser penal.
También, agregó que no dejará pendientes otros procesos disciplinarios, que están en marcha, en contra de otros integrantes del Poder Judicial del Estado, considerados como graves y que ameritan una destitución.
Como se sabe, Miriam Cárdenas Cantú concluye en el 2020 su período como Magistrada y presidenta del TSJ, por lo que en octubre de este año podría iniciar sus trámites de jubilación.
La Magistrada indicó que cuenta con 36 años de servicio en la administración pública estatal y en octubre cumple los 55 años de edad, para cumplir con todos los requisitos legales para poder jubilarse.
Comentó que si lo hace antes de que concluya su encargo será una decisión personal y familiar. Sin embargo, dejó en claro que no piensa dejar pendientes en casos delicados, como el tema del Infonavit.
“Mi voluntad es permanecer hasta concluir el mandato… no puedo dejar pendientes los asuntos tan relevantes que están actualmente en proceso como el Infonavit y los disciplinarios en contra de otros funcionarios judiciales”, indicó.
En el del Infonavit están involucrados 18 funcionarios del Poder Judicial, que son seis jueces y 12 secretarios de acuerdo, los cuales están acusados de malas prácticas en el caso del despojo de viviendas a miles de trabajadores, que registraban adeudos en sus créditos ante dicho Instituto.
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Indicó que algunos funcionarios recurrieron a un amparo y donde pocos obtuvieron la suspensión provisional, pero eso no implica que se detenga la investigación que tiene en marcha el Consejo de la Judicatura y la separación del cargo es temporal, hasta en tanto se tenga una conclusión, en la que se determinará si tienen o no responsabilidad de los actos señalados, “lo cual no falta mucho para que concluya este procedimiento”.
Expresó que de los juicios realizados en Coahuila se resolvieron asuntos de derechohabientes del Infonavit de los estados de Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua, Guerrero, Morelos y Yucatán.
En el caso del Ficrea, comentó que no es competencia del Poder Judicial, aunque sí le corresponde recuperar el dinero que se invirtió en esa institución financiera.
Expresó que también es su responsabilidad estar al pendiente de que las autoridades que persiguen los delitos apliquen la ley y por eso hubo un amparo en contra de una determinación de no ejercicio de la acción penal, en el caso del fraude cometido por Ficrea en contra de inversionistas, entre ellos el Tribunal Superior de Justicia.
En este caso, la inversión del Poder Judicial invirtió 126 millones de pesos, de los cuales ha recuperado 26 millones de pesos.
De esa cantidad, 90 millones de pesos correspondieron al Fondo fianzas y el resto al presupuesto del Poder Judicial.