A partir del próximo año, los procesados por violencia familiar pagarán el uso del brazalete electrónico, de los cuales se cuenta con 80 y todos en uso, y si alega no tener dinero, se quedará en la cárcel, manifestó el magistrado Miguel Mery Ayup.
El presidente del Poder Judicial de Coahuila indicó que no se arriesgará a que maten a una mujer, “no me voy a arriesgar a que la vuelvan a golpear” y por ello los brazaletes deberán pagarse por cuenta de quienes los usaran por decisión de un juez.
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Los Juzgados Especializados para atender los casos de violencia familiar cuentan con los brazaletes, que se colocan al agresor y a la víctima, para impedir que se le vuelva a acercar y prevenir así feminicidios.
Explicó que este tipo de medidas restrictivas, las aplica el Estado para proteger a la mujer y debido a que es insuficiente el número de brazaletes, está en marcha el mecanismo, para que a partir de enero, lo pague el agresor.
Externó que el Poder Judicial debería de contar con unos 200 de estos aparatos electrónicos, pero solo cuenta con 80 dispositivos, por lo que no se considera correcto que sea el Estado quien cubra ese gasto y se le aplicará al infractor, cuyo costo es de ocho mil pesos.
Asimismo, explicó que en todos los casos de feminicidios registrados en el estado se han aplicado sentencias condenatorias y están en la cárcel, con excepción de uno que se suicidó.
