Saltillo, Coahuila.- El 19 de febrero del 2006, la mina de Pasta de Conchos en Nueva Rosita, Coahuila, parte del Grupo México, explotó y, 65 mineros perdieron la vida. A 15 años de la tragedia hay dos cosas que prevalecen: incertidumbre y coraje. Además, intenciones del Gobierno Federal del rescate de los cuerpos, indemnización a los deudos y la garantía de “no repetición”; que solo quedaron en eso, en intención. No se ha realizado el rescate de los cuerpos, no se ha indemnizado al total de las familias, muchos de los tramites no se han concluido, y con la muerte de dos mineros en lo que va del 2021, en accidentes laborales, es claro que no se ha logrado la “no repetición”.

10 días antes de la tragedia, el 9 de febrero, la Secretaría del Trabajo Federal, El Sindicado Minero y un representante de Grupo México firmaron que la mina cumplía con las condiciones necesarias para poder operar, pero tal parece que no se realizó una investigación a fondo y en realidad no cumplía con las medidas de seguridad necesarias para evitar una tragedia.

Las investigaciones para fincar responsabilidades de los hechos ocurridos en el 2006, de acuerdo con la defensora de Derechos Humanos de la organización “familia pasta de conchos” Cristina Auerbach Benavides, no llevan mucho avance, porque no hay tales investigaciones. “ese tema no existe, solo en el imaginar del Gobierno”.

El pasado 23 de octubre, el Presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con las familias de Pasta de Conchos, en dicha reunión aseguró que estaría al pendiente para ver los avances en el rescate de los cuerpos, en que se realizara la reparación a las familias y hasta que se creara un monumento cuando concluyeran los trabajos de rescate.

Sin embargo, en estos acuerdos que fueron firmados por el mandatario federal se habla de recuperar los cuerpos, de la indemnización a las familias, de hacer indemnizaciones colectivas, en las que se pretenden invertir más de 180 millones para obras de infraestructura, como calles, escuelas, hospitales, etcétera, pero, respecto a este último punto, hay una cuestión, ¿no se supone que el Gobierno debe de proveer de estos servicios de manera obligada, ya que se realizan con nuestros impuestos?

Sin embargo, en ningún momento se habló de realizar una investigación para fincar responsabilidades. Por parte del Estado se ha reconocido que faltó a su obligación y deber de vigilar esa mina, y que por esta omisión causó la muerte de 65 trabajadores.

Pero por parte del Gobierno Federal, en el cae la responsabilidad de investigar estos hechos ya que, el tema de minería, es jurisdicción de la Federación, no se ha hablado de revisar ni penar a Grupo México ni al Sindicato de Mineros, negando el derecho que tienen los deudos a la verdad y la justicia, a parte de la recuperación de los restos.

Inclusive, de acuerdo con la declaración de la Defensora de Derechos Humanos, no solo no se realizan averiguaciones en contra de esta empresa, sino que hace dos semanas ganó la licitación para un tramo del “tren maya” una de las mega obras de López Obrador.

“las familias de los obreros también deseamos puntualizar que no hemos renunciado a la realización de una investigación con debida diligencia para asignar las responsabilidades asociadas a que ocurriera la tragedia, pues bajo un esquema de adecuada supervisión, pudo haberse evitado” dieron a conocer los deudos de Pasta Conchos en un comunicado.

Dentro del mismo comunicado se expresó: “en vísperas de cumplirse 15 años desde la explosión en la mina Pasta de Conchos, las y los deudos de los mineros atrapados en el siniestro exigimos con la firmeza de siempre al Gobierno Federal que cumpla con su compromiso de iniciar los trabajos de rescate”.

En ese sentido el rescate de los cuerpos quedó a cargo de especialistas de la CFE, sin embargo, esta empresa no entrega información de cómo van los avances en la recuperación de los cuerpos.

Presuntamente en el pasado mes de septiembre se les entregaría a los deudos el estudio que se hizo por parte del Servicio Geológico, quien al pedírselo se niega a entregarlo porque pertenece a la Secretaría del Trabajo, quien se comprometió a entregarlo, pero al solicitarlo por medio de una solicitud del INAI la respuesta es que este documento ya se entregó a la CFE, quien de nueva cuenta se niega a darlo a conocer, porque es confidencial, ya que se viene el nombre de una persona.

Estos bloqueos mantienen como en un principio a las familias, como los primeros días después de la tragedia: con incertidumbre y coraje.

Por otro lado, Auerbach Benavides declaró que, aparte de todo esto, si en realidad se pretende la “no repetición” se tienen que verificar varias cosas, como la ley del seguro social, que, respecto a un trabajador minero, cualquiera, de cualquier ramo, cuando se le realiza una valoración de su salud se la hacen con un esquema como si fuera un accidente de trabajo.

Esto marca que los mineros de carbón les marca que tienen derecho al 10 por ciento de pensión por el pulmón dañado, no importa si trabajaron 10 años o 20, la indemnización es la misma, porque se cuantifica como un accidente de trabajo, no como una enfardad crónica degenerativa adquirida por las condiciones laborales.

Además de esto, la situación de los mineros sigue siendo peligrosa, exactamente igual a la de hace 15 años, ya que ni la CFE ha realizado los estudios, que había dicho que relazaría para regular la situación de los mineros, ni se ha creado el padrón con las minas que se trabajan en la región, ni se ha puesto atención por parte del Gobierno Federal a esta situación.

Estas irregularidades y omisiones, entre muchas otras, siguen causando la muerte de trabajadores. En este sentido tan solo en lo que va del 2021 dos han perdido la vida.

Uno de ellos fue Macedonio Huerta, quien el pasado 30 de enero perdió la vida en un pozo de carbón, que pertenece a una empresa que se llama Drumak, la cual tiene contrato con CFE pero solo tiene algunos pozos registrados y otros no, incluso en el pozo en donde murió el trabajador no se cuenta con el manifiesto de impacto ambiental.

El segundo deceso fue el de Cristóbal Carrizales Ramírez de la Mina Santa María de la empresa Materiales Industrializados (MINSA), mina en donde los trabajadores manifiestan que no cuentan con un abanico principal.

Estas dos muertes, y muchas otras que han ocurrido a causa de las malas condiciones en las que se encuentran laborando en las minas, demuestran que la situación que se vive actualmente en las minas de la región carbonífera están en riesgo inminente a que se repita una tragedia similar a la de hace 15 años.