El diputado José Antonio Ochoa Rodríguez propuso la “muerte civil” a servidores públicos y particulares cuando han sido condenados por actos de corrupción a través de las reformas al Código Penal del Estado.
De esta manera, dentro de la iniciativa se contempla la inhabilitación definitiva para funcionarios y el negarles la participación de contratación de obra pública o de adquisiciones, arrendamientos o servicios a aquellas personas físicas o morales que hayan incurrido en este delito.
“La corrupción se ha convertido en nuestro país y en la mayoría de los países de América Latina en el mayor de los males y la más dañina de las enfermedades público-sociales de nuestras comunidades”, sentenció el representante popular.
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Agregó que la propuesta de reformar el Código Penal del Estado para incluir como sanción el que, cuando se presente la conducta delictiva de tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, coalición de servidores públicos, uso indebido de atribuciones y facultades, entre otros, dentro de un procedimiento de adquisición gubernamental, licitación pública o cualquier procedimiento de contratación dentro de la administración pública, se castigue también con la inhabilitación definitiva para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.
Además, se plantea incluir a los particulares junto a los funcionarios dentro de la lista de sancionados del Sistema Estatal de Información que contempla la Ley del Sistema Local Anticorrupción.
“Estamos comprometidos y obligados a impedir que se obtenga beneficio de manera ilícita en detrimento de los recursos públicos y a sancionar con rigor a todo aquel que practique la corrupción”, aseveró Ochoa Rodríguez.
