Al considerar que la protección del personal educativo no solo es una necesidad urgente, sino una obligación moral y social ineludible, desde el Congreso del Estado se propusieron adiciones a la Ley Estatal de Educación para que directivos, maestros y personal administrativo cuenten con capacitación, asesoría legal y gestión de crisis en situaciones que puedan implicar riesgos legales y reputacionales durante el desarrollo de sus funciones.
La diputada Magaly Hernández Aguirre refirió que los casos de abuso, acoso, maltrato y otras situaciones pueden impactar dentro de los planteles escolares y de la sociedad, por eso se deben tomar medidas inmediatas y efectivas para prevenir y abordar este tipo de situaciones.
“Los profesores han recibido acusaciones de abuso de poder y de tratos indebidos. Somos contundentes al respecto: no se solapará ni protegerá a quien haya mantenido conductas indebidas o directamente ilegales, sin embargo, es importante aclarar que no dejaremos en la desprotección a nuestros docentes ante acusaciones infundadas, amenazas, linchamientos mediáticos o agresiones físicas”, agregó.
“Desgraciadamente, hemos sido testigos de casos alarmantes donde los maestros y maestras están indefensos ante acusaciones falsas. En Reynosa, Tamaulipas, por ejemplo, un maestro perdió su trabajo en una escuela tras acusaciones falsas. Casos similares se han presentado en otros estados y los profesores tienen dificultades para reanudar su labor docente, dado que los planteles escolares no quieren verse afectados por supuesta mala publicidad y, además, enfrentan los procesos con poco o nulo asesoramiento legal o acompañamiento jurídico de algún tipo.
“El personal educativo también se enfrenta a una amenaza constante de agresiones físicas o verbales por parte de estudiantes y padres de familia, como ha ocurrido en el Estado de México, Chihuahua y Sinaloa. En México, desgraciadamente, uno de cada tres docentes, han reportado agresiones verbales, robos o daños de pertenencias por parte del estudiantado”, abundó.
La iniciativa presentada plantea como obligación del Estado brindar servicios de capacitación, asesoría legal y de gestión de crisis a directivos, docentes y personal administrativo de la educación sobre casos de abuso sexual, acoso, maltrato y otras situaciones que surjan en el desarrollo de sus funciones e impliquen riesgos legales o reputacionales.
“El personal educativo necesita apoyo más sólido y efectivo para enfrentar estos desafíos, estas capacitaciones deben proporcionarles herramientas y el conocimiento necesario para prevenir, identificar y responder adecuadamente a eventos con riesgos legales y reputaciones, esto incluye protocolos para manejo de crisis, asesoramiento legal y respaldo en caso de enfrentar acusaciones injustas o represalias por parte de terceros”.
“Esto puede incluir líneas de ayuda telefónica o en línea, donde los maestros puedan buscar atención y asesoramiento en caso de necesidad, así como redes de apoyo entre colegas donde puedan compartir experiencias y consejos”, manifestó.