Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló en contra de la primera parte del llamado plan B de la reforma electoral promovida por el ejecutivo federal y respaldada por los legisladores de la mayoría morenista, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís señaló que ahora, en respuesta a ello, el presidente Andrés Manuel López Obrador pretende desmembrar el poder judicial por no haber avalado sus intenciones.
Se refirió a la iniciativa orientada a que en lo sucesivo los ministros de la SCJN sean electos con el voto popular, que impulsa ahora el Presidente, algo ante lo cual no dudó en fijar su postura totalmente en contra.
El mandatario estatal habló de que “en Coahuila somos constitucionalistas por herencia, y el estado de derecho es una prerrogativa fundamental del derecho ciudadano; y claro que el poder judicial genera equilibrio para todas las instituciones y para toda la sociedad”.
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Dijo asimismo tener claro que para una institución como la SCJN se requiere preparación, honorabilidad y carrera sobre todo, e hizo notar su opinión en el sentido de que el poder judicial, que es parte de las instituciones que se han construido en México, con todas sus virtudes y defectos ha demostrado actuar con independencia, y al final la ciudadanía siempre espera sus resoluciones para acatarles.
Riquelme Solís mencionó que es lógico que él no esté a favor de la citada iniciativa, como tampoco lo estuvo en relación con el llamado Plan B de la reforma electoral.
“Hoy estamos bajo las leyes que hemos aplicado durante muchos años, que hemos construido los mexicanos, y en este caso los coahuilenses”.
El Gobernador fue más allá en sus comentarios, al asegurar que con el fallido plan se pretendió deteriorar y complicar los actuales procesos electorales del Estado de México y Coahuila, a través de argucias legales no constitucionales, y “estoy seguro que si tuvieran las dos terceras –en el poder legislativo- hubieran consumado el aberrante el hecho”.
En ese mismo tenor, planteó que las leyes democráticas que se han construido en materia electoral para elegir autoridades y que se ha pretendido modificar, son las mismas con base en las cuales resultó electo él, lo mismo que el Presidente López Obrador y los diputados a los que ahora se les ocurre votar leyes retrogradas para el país y sobre todo para la productividad y economía de México.
“Entonces, es lógico que no estoy en lo absoluto de acuerdo, el poder judicial ha dado resoluciones importantes para el país, a favor o en contra de muchas cosas, de intereses propios, e intereses de estado, las ha dado y las hemos aceptado por muchos años”.
